Aviación Civil no tenía ningún control sobre los vuelos contratados por el Ministerio de Defensa para el transporte de soldados, como el Yak-42. Es decir, que no pudo comprobar si tenía permiso de aeronavegabilidad en vigor o si había sido inspeccionado periódicamente.

Uno de los seis testigos que declararon ayer ante el juez Fernando Grande-Marlaska, en relación con la contratación del Yakovlev que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, era el subdirector general de Control de Transporte Aéreo de Aviación Civil en el momento del accidente, Luis Rodríguez Gil. Explicó que los vuelos de los aviones no comerciales extranjeros no eran comunicados a dicho organismo y que el permiso de aeronavegabilidad del aparato suele ser emitido por el país de origen de la compañía que lo fleta. En este caso, Ucrania.

Sin embargo, el coronel auditor Ricardo Fortún afirmó explícitamente en la información previa que realizó sobre el siniestro que el avión contaba con permiso de aeronavegabilidad de Aviación Civil.

La defensa preguntó por este permiso y Gil dijo que era cierto, pero que se debía a un viaje realizado con anterioridad para transportar a España a niños de Chernobil. Fuentes jurídicas destacaron que, al no comunicarse el vuelo a Aviación Civil, nadie comprobó si la autorización seguía en vigor o fue suspendida en algún momento por incumplir alguna medida de seguridad.

Fortún declaró ante el juez que el propio ministro Federico Trillo le encargó hacer una información previa sobre el accidente el 30 de mayo. En él no constan las quejas recibidas sobre estos vuelos ni la denuncia presentada por los familiares de los 62 militares fallecidos.

Fortún lo justificó diciendo que sólo utilizó la documentación que le facilitó Defensa, que ni siquiera incluía los contratos realizados.