El voto latino gana peso

El 28 de mayo se cumplirá un año de la prohibición, por primera vez en España, del uso del burka en edificios públicos. Lo vetó el pleno del Ayuntamiento de Lleida, en la precampaña de las autonómicas catalanas. La iniciativa pionera de su alcalde, el socialista Àngel Ros, fue secundada en sólo dos meses por otros 12 municipios: diez de Catalunya, uno de Madrid y otro de Andalucía. En algunas de estas localidades apenas hay musulmanes y la presencia de estas prendas es inexistente: en toda España sólo hay constancia de una sola mujer que utilice el burka y de unas 50 que vistan el niqab. A punto de cumplirse el primer año de prohibición municipal, aún no se ha denunciado a ninguna mujer por cubrir su cabeza.

¿Por qué no ha habido denuncias? ¿Los ayuntamientos consiguieron un giro cultural de los musulmanes más radicales? ¿Los maridos encerraron a las mujeres en sus casas? ¿O realmente se trataba de un fenómeno residual? Tras las elecciones catalanas del pasado noviembre, el debate desapareció de los discursos políticos. "Esto demuestra lo ficticio que fue el debate", opina Lorenzo Cachón, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y expresidente del Foro de la Inmigración.

Crece el número de españoles que son partidarios de cerrar las fronteras

Pero, a pesar de no tratarse de un fenómeno masivo, "fue un símbolo para decir hasta aquí se puede llegar", defiende el responsable de Inmigración de la Fundación Rafael Campalans, Daniel de Torres. Esta organización es el think tank del PSC.

De Torres apoya el debate que se produjo alrededor del burka como algo puntual y advierte de que "la inmigración volverá a estar presente en los discursos en las elecciones del próximo 22 de mayo". El miembro de la Fundación Rafael Campalans apunta que las nuevas polémicas sobre la inmigración llegarán de manos de la derecha "para no perder votos", ante el auge de las agrupaciones xenófobas.

Sin embargo, habrá una diferencia sustancial respecto a las elecciones autonómicas y municipales que ha habido en España hasta ahora: los extracomunitarios ya no sólo tendrán una presencia pasiva en los discursos, sino que podrán votar a sus alcaldes. El Congreso aprobó en 2009 su participación en los sufragios municipales. "Votar es la culminación del proceso de integración, aunque debería de ser el primer derecho que se les da al llegar al país, no el último", demanda Cachón.

Catalunya ha rechazado el contrato de integración del PP

En total, serán 473.574 los extranjeros de 36 países que podrán ejercer su derecho al voto y su elección podrá ser determinante para decidir el color político de cerca de 200 grandes y medianos ayuntamientos. Además de los ciudadanos de países extracomunitarios con los que España ha firmado en los últimos años convenios bilaterales, también podrán participar los noruegos y procedentes de países de la UE. En las municipales de 2007, la gran novedad fue la incorporación de rumanos y búlgaros, tras su entrada en la Unión Europea. En 2011, rumanos y británicos serán, con 103.355 y 102.633 votantes registrados (sus colonias en España son de 864.278 y 390.880 personas), quienes tendrán más peso.

La principal novedad en 2011 llegará de manos de los países latinos (algunos con fuerte peso migratorio como Ecuador, Colombia, Chile, Perú o Paraguay). Aunque su participación todavía será baja, los expertos coinciden en que aumentará en el futuro. En el censo electoral de este año se han registrado 50.000, de los que 25.000 son ecuatorianos. "Lo importante es que voten, como decía Clara Campoamor a las mujeres en la II República", señala Cachón, que apunta que la participación de los extranjeros suavizará algunos discursos racistas para ganar voto foráneo.

La tasa de paro entre la población foránea se mantiene en torno al 30%

Además de acumular cinco años de residencia en España, sus países de origen han de tener firmados convenios de reciprocidad con España. Así, los 769.920 marroquíes empadronados en el país el principal grupo extracomunitario no podrán votar.

"El uso agresivo de los discursos será contra el perfil marroquí, árabe o musulmán", vaticina Cachón, que aventura que "algo surgirá en otras comunidades autónomas, de la misma manera que surgió el burka, porque estos colectivos son demagógicamente más explotables". Encubriéndose en falsos mitos populares y miedos inculcados en las clases bajas la principal competidora por las ayudas sociales y los empleos de los inmigrantes, el rechazo al foráneo ha aumentado en la última década. Entre 2002 y 2008, el porcentaje de españoles que declaraba que no se debía permitir la entrada a ningún inmigrante aumentó del 9% al 15,5%, según el estudio Inmigración y Estado de bienestar, de la Fundación La Caixa.

Sobre la intención de voto de los extranjeros, hay varios factores que, antes de escuchar las propuestas electorales, les sitúan más próximos al PP o al PSOE. Al Gobierno se le culpa del 30% de paro de los extranjeros, pero el contrato de integración del PP provoca rechazo. La cercanía a la Iglesia católica del PP gana adeptos entre algunos latinoamericanos, pero en sus países de origen a excepción de Colombia, han votado mayoritariamente a partidos de centro izquierda. "A veces empaquetamos a todos los inmigrantes en un mismo saco", sostiene De Torres, que asegura que el voto estará repartido y valora la presencia de los extranjeros en las urnas. "De no participar, habría barrios, en los que más de la mitad de sus habitantes son de origen extranjero, donde el nivel de voto sería bajísimo", recuerda.

A pesar de la crisis, De Torres opina que "los ánimos no están excesivamente agitados y que el discurso contra la inmigración no dará muchos votos". Una de las iniciativas más polémicas es la importación del contrato de integración francés de Sarkozy, que el PP ya propuso para las generales de 2008 y que fue tildado desde la izquierda de "humillante" para los recién llegados. Este miércoles, el Parlament de Catalunya votó en contra de la propuesta del PP catalán de implantarlo en este territorio.

Para evitar utilizar la inmigración como arma arrojadiza, los partidos de izquierda catalanes propusieron un pacto que instase a los partidos a respetar un acuerdo sobre el tratamiento responsable de la inmigración, similar al que firmaron en las autonómicas de 2010, pero CiU y PP votaron en contra.

¿Es posible que el resto de territorios se contagien del azote a la inmigración de Catalunya? De momento, fuera de esta autonomía son puntuales los políticos locales que han levantado la voz con discursos de mano dura y de vinculación de extranjería y delincuencia. El caso más llamativo es, quizá, el del president del País Valencià, Francisco Camps, que sí implantó una versión del contrato de integración en su comunidad.

Uno de los motivos por los que la polémica brotó primero en Catalunya se encuentra en el perfil del inmigrante que vive allí. Esta comunidad alberga las mayores colonias de asiáticos, subsaharianos y magrebíes de España. A diferencia de los otros dos grandes grupos (europeos y latinoamericanos) son a los que más les cuesta aprender las lenguas oficiales (castellano y catalán, en este caso) y entre los que hay más musulmanes, "a los que se pinta como los malos, frente a los latinos buenos", critica Cachón.

El segundo aspecto que potenció la radicalización del discurso es que "el PP emprendió una lucha para abrirse espacio en una comunidad [Catalunya] donde es minoritario, por lo que son más agresivos", según el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que añade un tercer aspecto: "Catalunya es la que más mira hacia las políticas de Francia".

Por su parte, De Torres valora que "por fin se hable de inmigración", después de unos años en los que, reconoce, "había una estrategia en la izquierda de hablar poco del tema porque había más que perder que ganar. Ahora, se habla tanto de las complejidades como de las oportunidades".