La nueva ley de cajas es una revolución que cambiará para siempre el sector de cajas español. Desde hace años, se viene hablando de la necesidad de profesionalizar el sector, pero nunca fue posible llegar a un consenso porque políticos de todas las tendencias se negaban a perder sus juguetes financieros. Ahora tendrán que acostumbrarse a que ya no podrán hacer lo que quieran con las cajas. El poder político va a ser más reducido y en la mayoría de los casos va a estar bajo la atenta mirada de los inversores privados que entren en el capital de las cajas, que no estarán dispuestos a que se financien los caprichos y sueños de grandeza territoriales de antaño, y que además se quedarán con parte de los recursos que hasta ahora iban a obra social.

¿Permitiría un inversor privado que una caja como CCM financiara y participara en el aeropuerto de Ciudad Real? Seguramente no y tampoco lo permitirán las nuevas exigencias contables que prepara el Comité de Basilea, que pretenden penalizar las participaciones industriales. Tampoco estaría dispuesto a apoyar el capital privado una fusión como la de Caixanova y Caixa Galicia sólo porque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se empeña en que tiene que haber una gran caja regional que fomente el desarrollo de la comunidad autónoma.

Las decisiones de inversión y la obra social sufrirán grandes cambios

A los inversores privados, y más si vienen del extranjero, donde miran a las cajas como una rara avis, no les vale ese argumento que tanto se ha utilizado en los últimos meses de que es un expolio llevarse a una caja de su región. Ellos, que son los que van a poner el dinero que tanto necesita este sector para ganar en solvencia y poder dar créditos, sólo saben de números y de si una operación es rentable y solvente. Ellos no hubieran entendido el lío político que se ha armado esta semana en Andalucía en torno a la adjudicación de Cajasur (ver información adjunta) y hubieran puesto el grito en el cielo al escuchar las críticas feroces al Banco de España por vender una caja cordobesa a una entidad vasca y no andaluza.

BBK pidió 392 millones en ayudas públicas cuando Unicaja necesitaba 1.000 millones. Las cifras son las que valen a los inversores, pero no siempre es la guía de los políticos. El supervisor sabe que desde esta semana estos tienen mucho menos que decir en las cajas y esta vez no ha sucumbido a las presiones que en meses anteriores tuvo que acatar en otras cajas por impotencia.

La venta de cuotas participativas es casi inviable en estos momentos

'La nueva ley no expulsa a los políticos, sino que reduce su peso para que sea más fácil que los profesionales del sector puedan realizar su labor', dice el catedrático de la Universidad de Granada y consultor de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Santiago Carbó. El que fue presidente de Caja General de Granada, el economista Julio Rodríguez, añade: 'Cualquier operación de inversión tendrá que rodearse a partir de ahora de una mayor cautela y solvencia de lo que ha sido hasta ahora'.

Frente a ellos, Francisco Zabala, responsable del Máster en Economía Bancaria de la Universidad de Sevilla, cree que 'lo bueno de una caja de ahorros es que invierte en la zona dónde está radicada. Un banco puede considerar que, por criterios económicos, no es rentable invertir en Jaén, explica convencido de que la bancarización de las cajas, que él cree imprescindible, 'supone que vamos a perder la posibilidad de utilizar una entidad para crear proyectos de interés local o regional'.

Los economistas y especialistas coinciden en que se reducirá la dependencia política de las cajas, pero el grado de despolitización variará según la estructura de capital que escoja cada entidad de entre las cuatro posibilidades que permite el decreto-ley. Las entidades pueden optar por emitir cuotas participativas con derechos de voto; fusionarse a través de un banco de nueva creación y vender una parte; traspasar su negocio financiero a un banco para dar entrada en él al capital privado, y convertirse en fundaciones. Aunque se puede elegir, en esta primera fase, la única salida que los expertos ven viable es la de vender participaciones de los bancos que constituyan, bien sea sacándolos a bolsa o haciendo una colocación privada. Convertirse en fundaciones parece una fórmula más a futuro, salvo excepciones como las de CCM y Cajasur.

Vender cuotas participativas con derechos de voto es casi imposible en el contexto actual de cierre de mercados. Los inversores internacionales están muy reticentes a adquirir cualquier título de entidades financieras españolas y no quieren ni oír hablar de nada que se llame o apellide caja. En el sector admiten que ser una caja es hoy un obstáculo para ir al mercado y, por eso, entienden que haya entidades, como Caja Madrid y Bancaja, que se van al extranjero, casi renegando de ser cajas, a explicar que ahora son un banco.

En el sector confían que este rechazo por las cajas se pase a medio plazo y mientras planean sus estrategias para captar inversores. Los bancos españoles parecen uno de los objetivos a los que intentar atraer, pero por el momento no han hecho ningún amago de estar interesados. Bancos consultados por Público aseguran que ahora ser accionistas de las cajas no es su prioridad. Podría ser la vía para que los bancos extranjeros se instalen en el sistema financiero español.

Las cajas no hubieran querido llegar hasta aquí, pero se han visto obligadas. ¿Susto o muerte?