Un veterano arqueólogo denuncia la ineficaz política contra el mercado clandestino

Fernando Fernández, ex director del Museo Arqueológico de Sevilla y del conjunto de Itálica, con casi 40 años de experiencia, cree que es ineficaz la política contra el mercado clandestino de antigüedades y cuestiona el resultado de la operación policial "Tertis", una de las mayores de la historia.

En declaraciones a Efe, ha señalado que la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía "se ha negado siempre a adquirir piezas arqueológicas, pensando que era una manera de luchar contra las excavaciones clandestinas; y es posible que fuera así, si nadie comprara, pero en un mundo en el que todos compran, sobre todo los museos extranjeros, el que no compremos nosotros a nada conduce, más que a perder las piezas."

La Ley de Patrimonio dice que un objetivo prioritario será la recuperación del patrimonio andaluz que esté fuera de la región, pero, según el arqueólogo, "no se hace nada por evitar que salga, por lo que deberíamos reconocer que, si no somos capaces de evitar que se excave clandestinamente, hemos de comprar las piezas que están en el mercado antes que salgan al extranjero y haya que comprarlas a más alto precio."

"En el Museo de Mainz (Alemania) se ha hecho una tesis doctoral con los vidrios que posee procedentes de la Bética; y se ha escrito un grueso volumen recogiendo los broches de cinturón de bronce visigodos hallados en Andalucía. ¿No hubiera sido mejor evitar que se fueran?", ha puesto como ejemplo.

"Todo no puede hacerlo la Policía y la Guardia Civil; porque además luego el juez dice que todo eso que ellos han recogido en puestos de venta ambulante o registros domiciliarios debe devolverse a sus legítimos propietarios, porque no hay pruebas de que sean piezas procedentes de excavaciones clandestinas", ha señalado en alusión a la operación Tertis, una de las mayores de la historia contra el tráfico clandestino de piezas arqueológicas.

Ha insistido en que "la lucha contra las excavaciones clandestinas está mal enfocada, la solución está en las autoridades locales, que son, por otra parte, las responsables de la conservación de su patrimonio, pero se preocupan más de crear museos que de vigilar a quienes ellos saben que viven del tráfico de bienes culturales; en el fondo es cuestión de votos."

En el Museo Arqueológico de Sevilla, en estos últimos años, no ha entrado ninguna pieza por adquisición, salvo las compradas por el ministerio: "Las últimas creo que fueron las tablas de bronce de la 'lex romana de Irni", ha recordado Fernández.

"Después, siendo yo director, hice un par de propuestas más, y las adquirió también el ministerio, pero en una ocasión me obligó a entregar la pieza al Museo Arqueológico Nacional y en otra al de Mérida, aunque eran piezas procedentes de Sevilla; en vista de lo cual dejé de hacer más propuestas", ha explicado.

"El Ministerio compra, directamente y en las subastas públicas, y ejerce, como debe, los derechos de tanteo y de retracto, por si alguna pieza de interés se le escapa inicialmente poderla recuperar pagando lo que se pagó por ella o lo que vaya a pagarse en el momento de la venta; el comercio está permitido, lo que está prohibido y debe evitarse, y contra lo que se debe luchar es contra las excavaciones clandestinas."

Ha añadido que hay que "dar ejemplo", o sea que "no puede castigarse a un hombre porque esté haciendo un agujero para sacar una moneda y permitir que se destruya un monumento como el de Cercadillas, en Córdoba, o el subsuelo de la Encarnación, que llegó a calificarse del Gugenheim de Sevilla".

"La desproporción es tal que si a aquél, que será un parado que rellena sus horas de ocio buscando algo por el campo, hay que ponerle mil euros de multa, y habrá que ponérselos, a los otros habría que ponerles cadena perpetua", ha dicho el arqueólogo.

Algunos ayuntamientos también compran piezas, y crean sus museos, ha señalado, para preguntarse "de qué excavaciones proceden las preciosas piezas tartésicas del Museo de Cabra" (Córdoba), inaugurado hace unos años por la que fue consejera y ministra de Cultura, Carmen Calvo.