El Vaticano aseguró este lunes ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura que los casos de pedofilia que involucran a miembros del clero están 'en declive' y que éste es un hecho que debe reconocerse. 'La tendencia muestra que las medidas adoptadas en los diez últimos años por la Santa Sede y las iglesias a nivel local han dado resultados positivos y continuaremos en esta dirección', declaró hoy el representante permanente del Vaticano ante Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi.

Los casos de pederastia en el seno de la Iglesia concentraron gran parte del diálogo entre los representantes del Vaticano y los miembros del órgano de la ONU, que pidieron a Tomasi ofrecer detalles sobre los casos que están investigándose, las medidas de prevención que se aplican y la compensación a las víctimas

El prelado agregó que la pedofilia 'es un problema muy grave a nivel mundial, con millones de casos reportados cada año, sobre todo dentro de las familias, en todas las profesiones y contextos, y nuestra preocupación es proteger a los niños'.'La Iglesia debe hacer su propia limpieza dentro de la casa', reconoció Tomasi.

No obstante, el arzobispo Tomasi aseguró que la Santa Sede carece de jurisdicción y, por tanto, de responsabilidad, sobre 'cada miembro de la Iglesia Católica', incluidos los sacerdotes que han cometido abusos sexuales contra menores en cualquier parte del mundo. 'La Santa sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las legítimas autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales', declaró el representante permanente del Vaticano ante Naciones Unidas en Ginebra. Tomasi entró en un disquisición jurídica sobre en quién recae la responsabilidad de perseguir y juzgar a quienes, en su función de representación de la iglesia católica, han cometido delitos, tales como la pederastia.

Su argumentación fue rechazada de plano por la relatora del comité, Felice Gaer, quien declaró que 'causa preocupación porque sugiere que (el Vaticano) cree que la convención se aplica sólo a sus cuatro esquinas y a los que están dentro'.  Gaer planteó a la delegación encabezada por monseñor Tomasi preguntas muy claras y específicas sobre las que espera una respuesta en la segunda parte de la comparecencia del Vaticano ante el comité, prevista para este martes.

Basándose en recientes comentarios del propio Tomasi a la prensa, según los cuales desde 2004 más de 700 sacerdotes han sido apartados de sus funciones por la Santa Sede por acusaciones de abusos sexuales, Gaer le preguntó cuántos están ahora siendo investigados por instancias del Vaticano. 'Todos los que están bajo investigación, ¿están suspendidos de sus funciones para evitar que sigan cometiendo abusos o que intimiden a las víctimas?', prosiguió Gaer, que demandó al representante vaticano 'números precisos de cuántas personas han sido encontradas culpables'.

El Vaticano se presentó por primera vez ante el Comité de la ONU sobre la Tortura como parte del escrutinio periódico al que han aceptado someterse todos los Estados que han ratificado la Convención Internacional contra la Tortura (la Santa Sede se adhirió en 2002). Esta Convención tiene como objetivo principal la 'lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo' y define la tortura como 'acto por el cual se inflija intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales'.

En menos de cuatro meses, el Vaticano volvió a someterse al escrutinio de un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde la discusión se centró nuevamente, como ocurrió en el Comité sobre los Derechos del Niño a mediados de enero, en los casos de pedofilia en el seno de la iglesia. La audiencia proseguirá el martes con la presencia de numerosos integrantes de organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de abusos por parte de miembros del clero cuando eran menores de edad.

El Vaticano envió el pasado enero un informe similar ante el Comité sobre los Derechos del Niño, que estuvo centrado en los casos de abusos sexuales de niños por parte de sacerdotes, que la Iglesia negó durante décadas y que sólo recientemente ha reconocido. Este comité concluyó que la Santa Sede había adoptado 'políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables', al tiempo que le acusó de no haber tomado las 'las medidas necesarias' para prevenirlos.