El Tribunal General de la Unión Europea (UE) confirmó hoy que las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a los estudios cinematográficos Ciudad de la Luz, situados en Alicante, son ilegales.

Por lo tanto, España deberá recuperar 265 millones de euros invertidos en la creación de este centro audiovisual, tal y como exige la Comisión Europea (CE), informó un comunicado del Tribunal.

En mayo de 2012, el Ejecutivo comunitario declaró ilegales la financiación pública concedida a la Ciudad de la Luz, al considerar que un inversor privado no habría asumido esta inversión en las mismas condiciones, de manera que se alteró la competencia en el sector.

El Tribunal recuerda que Ciudad de la Luz fue creada en 2000 y que desde 2004 es propiedad de la Generalitat Valenciana, a través de la empresa Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, y que su inversión pública directa asciende a 264,96 millones de euros.

Esta inversión pública abarca ampliaciones de capital social (92,2 millones de euros), asignación de terrenos (9 millones de euros), préstamos participativos (115 millones de euros) y concesión de préstamos convertibles en acciones (45,8 millones de euros).

Sin embargo, Ciudad de la Luz acumuló entre 2004 y 2010 pérdidas por un valor de 84 millones de euros.

En su sentencia de hoy, la Corte con sede en Luxemburgo desestima todos los recursos interpuestos por España, la Ciudad de la Luz y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana contra la decisión de Bruselas de declarar ilegal el apoyo financiero público a los estudios.

Estas tres partes implicadas negaban que se tratara de ayudas de Estado ilegales y criticaron el análisis realizado por la Comisión para llegar a esta conclusión respecto a las subvenciones regionales, culturales y con los incentivos acordados a las productoras.

La Comisión Europea abrió una investigación en profundidad en 2008 a raíz de varias denuncias para determinar si la financiación que la Generalitat Valenciana concedía a la Ciudad de la luz era conforme a las normas europeas que regulan las ayudas de Estado.

El Ejecutivo comunitario llegó a la conclusión de que el mercado europeo de los grandes estudios cinematográficos es muy competitivo, y que cada vez lo es más debido a la adhesión de doce nuevos Estados miembros a la UE en 2004 y en 2007, donde se sitúan grandes centros audiovisuales.

'La Comisión albergaba serias dudas de que, en este entorno competitivo, la decisión de invertir en un proyecto totalmente nuevo al margen de los grandes centros de actividad audiovisual como Madrid y Barcelona pudiera ser consecuencia de consideraciones comerciales', destacó en 2012, tras declarar ilegales las ayudas.