El Ministerio del Interior ha recordado hoy que los usuarios anónimos de tarjetas prepago para teléfonos móviles tienen un plazo de tres meses para identificarse porque, de no hacerlo antes del 9 de noviembre, perderán sus números y se quedarán sin línea.

En una nota de presa, difundida hoy, Interior asegura que, según las operadoras, son "varios millones" de usuarios los que aún no se han identificado y advierte que si no lo hacen en los meses que les quedan, los operadores tendrán que anular o desactivar las tarjetas no identificadas.

Para evitar que la compañía desactive la tarjeta, los usuarios de estos teléfonos deben acudir a un punto de venta de su operador e identificarse con su DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero antes del 9 de noviembre.

Esta obligación sólo afecta a los propietarios de los quince millones de tarjetas de prepago compradas antes de noviembre de 2007, ya que después de esa fecha ya era preceptivo mostrar un documento de identidad para adquirir uno de estos terminales.

El Ministerio del Interior, en colaboración con una treintena de operadores de móviles, lanzó el pasado 4 de marzo la campaña "¡Identifícate!", dirigida a esos millones de usuarios de telefonía móvil que todavía no han facilitado sus datos personales.

A través de la web del Ministerio, www.mir.es, se puede obtener más información sobre este plan y acceder a las páginas de las operadoras que comercializan tarjetas telefónicas prepago.

La ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas entró en vigor el 9 de noviembre de 2007 para obligar a los operadores de servicios de telefonía móvil prepago a llevar un libro-registro en el que conste la identidad de estos clientes.

Esos datos pueden ser requeridos por orden de un juez con la finalidad de detectar, investigar y enjuiciar delitos graves.

Es conocido que tanto los grupos terroristas como las organizaciones delictivas utilizan siempre teléfonos de prepago para garantizar su anonimato, lo que ha creado un "mercado negro" de este tipo de tarjetas.

No obstante, la entrada en vigor de esta normativa no evita que las organizaciones criminales puedan utilizar en España teléfonos comprados en países, como Marruecos, donde no es obligatorio identificar a los usuarios de móviles.