Las medidas y condiciones que la Unión Europea exige a España para el rescate de la banca van más allá del propio sistema financiero, al contrario de lo que venía manteniendo hasta ahora el Gobierno. El borrador del Memorándum de Entendimiento que se ha debatido este lunes y martes en Bruselas, de veinte folios [descargar aquí], incluye un apartado sobre medidas para las cuentas públicas y de reformas estructurales, en el que se obliga a España a poner en marcha una 'institución fiscal independiente' para realizar un control exhaustivo de los Presupuestos del Estado.

Además, el documento subraya que las autoridades europeas realizarán un seguimiento regular y detallado de las medidas que el Gobierno ponga en marcha para reducir  el déficit público. Recoge, como se ha anunciado, que España tendrá un año más, hasta 2014, para llevar los números rojos del Estado por debajo del 3% del PIB . El borrador de documento no recoge aún la senda de reducción del déficit hasta ese año, aunque ya se ha anunciado que el objetivo para el presente 2012 será del 6,3% del PIB, un punto porcentual más de lo previsto hasta ahora.

El Memorándum subraya que el Gobierno tendrá 'poner en marcha las recomendaciones' de la Comisión Europea para reducir el déficit excesivo ( entre las sugerencias de Bruselas se apuntaba una subida del IVA), para lo que deberá presentar durante el mes de julio el escenario presupuestario para los años 2013 y 2014, con los ajustes y recortes previstos. Algunas de estas medidas serán anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados del miércoles, en el que se debatirán los acuerdos de la cumbre de la UE del pasado 29 de junio.

Bruselas insta al Gobierno a continuar con las medidas de ajuste y las reformas

El borrador de acuerdo con la UE para el rescate de la banca, además, insta a España a continuar en las reformas estructurales para corregir los desequilibrios económicos. Entre tales medidas señala introducir un 'sistema f fiscal coherente con los esfuerzos de consolidación fiscal', recortar la deducción por vivienda, avanzar en la reforma del mercado de trabajo, avanzar en la liberalización de los servicios profesionales, eliminar las trabas administrativas para poner en marcha negocios, y abordar la eliminación del déficit de tarifa en el sector eléctrico.

El resto de las 32 condiciones que contempla el borrador de Memorándum sí se refieren al sistema financiero, tanto a los requisitos para las entidades que reciban ayudas como para los organismos reguladores. En este sentido, el documento exige dotar de más poderes al Banco de España , asumiendo algunas de las funciones que tiene ahora el Ministerio de Economía en materia sancionadora o de concesión de licencias para las entidades.

El documento dibuja el proceso de saneamiento de las entidades financieras, que durará 18 meses . Prevé que se movilicen inicialmente 30.000 millones para las necesidades más urgentes de las entidades; pero la cantidad definitiva se determinará tras la evaluación (test de estrés) encargada por el Gobierno a varias auditoras, y que se realizará entre los meses de julio y septiembre.

El documento clasifica a las entidades financieras españolas en cuatro grupos: El 0, de las entidades sanas que no necesiten ayuda (como Santander, BBVA y La Caixa; el  1, donde incluye a las entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco, y Banco de Valencia); en el grupo 2 están las entidades que suspendan las pruebas de resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas; y en el 3, las que suspendan pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal.

Se prevé que la recapitalización arranque en noviembre

El documento contempla que la recapitalización de las entidades nacionalizadas, del grupo 0, arrancará en el mes de noviembre. Las entidades que reciban ayudas tendrán que presentar planes de reestructuración, que contemplarán el ajuste de plantilla, el  cierre de sucursales, o la venta de participaciones industriales. El documento contempla también la posibilidad de liquidar las entidades que no sean viables , una opción que el Gobierno había negado hasta ahora.

El Memorándum exige a España que comunique con una frecuencia determinada información amplia sobre el sector financiero, para que la Comisión Europea pueda realizar un seguimiento detallado del proceso de saneamiento y de la situación del sector financiero. Por ejemplo, facilitar semanalmente los datos de depósitos bancarios, de posición de liquidez y, además, trimestralmente informar sobre la posición en deuda soberana.

El  texto establece también que los accionistas, los titulares de capital híbrido (acciones preferentes y otros instrumentos de la deuda) y los de deuda subordinada tendrán que asumir parte de las pérdidas, de manera que todo el peso de la reestructuración no recaiga sobre las arcas públicas y por ende sobre el contribuyente. 'Tras asignar pérdidas a los accionistas, las autoridades españolas tienen que tomar medidas de los titulares de capital híbrido y de los titulares de deuda subordinada en aquellos bancos que reciban capital público', señala. Estas pérdidas que asumirá el sector privado incluyen la ejecución de las responsabilidades subordinadas tanto de manera voluntaria, como obligatoria. El Gobierno español deberá tomar las 'medidas legislativas necesarias' para obligar a los accionistas y a los titulares de híbridos a asumir la mencionada quita.