La UE desvela un ambicioso plan para combatir el cambio climático en los próximos años

La Comisión Europea desveló hoy unas ambiciosas propuestas para combatir el cambio climático en la próxima década, contra las que la industria y muchos países han presionado en las últimas semanas y cuya aprobación definitiva exigirá probablemente duras negociaciones.

La estrategia quiere hacer realidad los compromisos que la UE asumió el pasado mes de marzo para reducir las emisiones contaminantes y promover el uso de las energías renovables.

Para ello, plantea cinco propuestas que impondrán grandes esfuerzos a las empresas de la Unión, pero que a la vez les ofrecerán la oportunidad de liderar los cambios necesarios para combatir el calentamiento global, según subrayó hoy el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Según Barroso, estos planes permitirán reforzar la seguridad energética en la UE con un coste que cifró en 3 euros (4,35 dólares al cambio de hoy) por ciudadano europeo y semana, muy inferior, dijo, del derivado de no hacer nada frente al cambio climático.

Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron el pasado marzo, con vistas a 2020, reducir en un 20 por ciento las emisiones de CO2 respecto a 1990, obligar a que el 20 por ciento de la energía que se consuma en la UE proceda de fuentes renovables y que el 10 por ciento de los carburantes sean biocombustibles.

Para conseguirlo, la estrategia presentada hoy fija, entre otros aspectos, los compromisos de que los sectores no incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones (como el transporte o la vivienda) asuman su papel en cada país para combatir el cambio climático en la próxima década.

En su conjunto, deberán reducir sus emisiones un 10 por ciento frente a las de 2005.

Bruselas plantea que el reparto se haga en función del PIB per cápita de los países, por lo que los estados más ricos tendrán que recortar considerablemente sus emisiones, mientras que los menos desarrollados (los nuevos socios del Este) podrán, en algunos casos, hasta aumentarlas, aunque de forma limitada.

Para España, la CE pide que el recorte de las emisiones sea del 10 por ciento en el año 2020 con respecto a los niveles de 2005.

Otra de las propuestas establece el porcentaje de energías renovables que cada país deberá utilizar al final de la segunda década del Siglo, que en el caso de España sitúa en el 20 por ciento del consumo total de energía, más del doble de la cifra actual.

También exige a España cumplir el objetivo general de usar un 10 por ciento de biocombustibles en el transporte.

Por otra parte, la estrategia incluye la revisión del sistema de comercio de emisiones contaminantes, que obligará a las industrias que participan en el mismo a recortar sus gases de efecto invernadero en un 21 por ciento con respecto a 2005.

Además, se prevé la introducción gradual de un sistema de subasta por el que las instalaciones industriales deberán comprar los permisos necesarios para poder emitir CO2, derechos que ahora conceden los Gobiernos de forma gratuita.

Una cuarta propuesta pretende regular la captura y almacenamiento de CO2 para su posterior inserción en formaciones geológicas, tecnología que la legislación comunitaria actual no permite y en la que, sin embargo, están interesados varios Estados miembros, como Alemania y el Reino Unido.

Paralelamente, Bruselas presentó hoy unas directrices que pretenden elevar la cuantía de las ayudas públicas que los Estados miembros pueden conceder a las empresas para el desarrollo de proyectos que permitan reducir las emisiones contaminantes.

Las reacciones de la industria y sindicatos al paquete presentado valoraron el paso pero alertaron del impacto que puede tener sobre el empleo.

La patronal de la UE, BusinessEurope, advirtió del efecto negativo que las propuestas pueden tener sobre la competitividad de la industria comunitaria e insistió en que cualquier solución debe garantizar el mantenimiento de la competitividad.

Por su parte, los sindicatos europeos calificaron la estrategia de "paso significativo", aunque insistieron en que se han de tener en cuenta las cuestiones sociales.

Las organizaciones ecologistas, por su parte, valoraron la iniciativa, aunque lamentaron la insuficiente ambición de los planes para reducir los gases contaminantes y consideraron "preocupante" la voluntad de aumentar el uso de biocombustibles.