El ex dirigente etarra Javier García Gaztelu, alias Txapote, protagonizó hoy varios altercados en un juicio en la Audiencia Nacional, en el que llegó a llamar airadamente 'chivata' a una agente de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y en el que tuvo que ser separado de su compañera sentimental, la también etarra Irantzu Gallastegui, alias Amaia.

García Gaztelu y Gallastegui, condenados entre otras acciones terroristas por ser los asesinos del Miguel Ángel Blanco, comparecieron hoy ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para ser juzgados como autores materiales del atentado en el que murió el concejal del PP en Zarauz (Guipúzcoa) José Ignacio Iruretagoyena, perpetrado en 1998.

El fiscal encargado del caso, Pedro Martínez, pidió 61 años de cárcel para cada uno de los dos etarras, al acusarles de los delitos de asesinato, estragos y lesiones, todos ellos de carácter terrorista.

Nada más comenzar la vista oral, los dos acusados dejaron claro que no iban a participar en el juicio. El presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, ante la charla constante que mantenían los dos etarras, les advirtió de que debían 'mantener las formas', a lo que Txapote replicó: 'Eso está en mi mano y no en la tuya'.

'Eso está en mi mano y no en la tuya'

Debido a esta actitud desafiante, el juez Hurtado decidió ordenar a los agentes que separasen a los dos terroristas y que situasen a Gallastegui frente al tribunal, fuera del habitáculo blindado. Esto no impidió que los etarras continuasen comunicándose durante toda la vista oral, está vez a través de gestos.

Txapote perseveró en su actitud desafiante, dando largas zancadas a lo largo y ancho del habitáculo blindado y llegando a llamar airadamente 'chivata' a la agente de la Comisaría General de Información que declaró como primer testigo ante el tribunal.

'Amaia' no se quedó a la zaga y fue directa a abrazar al siguiente testigo, el también etarra Gregorio Escudero, ante la pasividad de los agentes que la escoltaban.

El fiscal Martínez sostuvo ante el tribunal que los dos etarras decidieron atentar contra el concejal popular aprovechando los datos recogidos por Escudero, ya condenado por estos hechos, que vigiló durante días a Iruretagoyena.

El 8 de enero de 1998, Escudero llevó a Gallastegui y García Gaztelu desde Andoain (Guipúzcoa) hasta el apeadero de la vecina localidad de Añorga, desde donde los dos acusados cogieron un tren hasta Zarauz.

Según la Fiscalía, una vez en Zarauz y tras localizar el vehículo del concejal en un garaje privado, Gallastegi colocó un artefacto con cerca de dos kilos de explosivo bajo el asiento del conductor, mientras García Gaztelu vigilaba la zona.

Tras realizar la acción, los dos acusados volvieron en tren hasta Añorga, donde les esperaba Escudero para llevarles de vuelta a Andoain. Sobre las 7.40 horas del día siguiente, Iruretagoyena cogió el vehículo del garaje para ir a trabajar.

Pocos minutos después, cuando circulaba por la calle Urdaneta, la bomba hizo explosión, matando en el acto al edil popular. La deflagración hirió además a una viandante y provocó daños materiales en los alrededores.

Un policía municipal que presenció el atentado relató hoy durante su declaración ante el tribunal que tras la deflagración, al acercarse al vehículo en llamas, oyó a Iruretagoyena preguntar qué había pasado y pedir ayuda.

El concejal nunca había estado amenazado

El hermano de la víctima, durante su declaración ante el tribunal, dijo que el concejal nunca había estado amenazado y añadió que tras el atentado tiene miedo a salir de casa y mira siempre debajo del coche antes de conducir.

En el juicio también compareció María José Imaz, la mujer del concejal popular, quien explicó que su marido siempre iba a la misma hora al trabajo.

Imaz señaló que cuando se produjo el atentado sus hijos eran pequeños y añadió que desde entonces ha tratado de 'taparles' el asesinato de su padre.

Imaz también indicó que en el tercer aniversario de la muerte de su esposo, durante el homenaje que se le tributó en Zarauz, ETA puso una bomba en uno de los mausoleos del cementerio en el que se estaba llevando a cabo el acto.

Además de los 61 años de prisión, el fiscal Martínez pidió que los dos acusados indemnicen con 300.000 euros a los herederos de Iruretagoyena.