La sección quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido varios autos en los que obliga a la Generalitat de Catalunya a fijar que el castellano esté presente en el 25% del horario lectivo para garantizar su presencia mínima como lengua vehicular en 'el colegio, el curso y la clase de referencia' de los alumnos de cinco familias recurrentes.

Los autos, con fecha de 30 de enero, dan respuesta a los recursos de varias familias que exigieron medidas a la Generalitat para garantizar la enseñanza también en castellano para sus hijos, y considera que el Govern no las ha cumplido debidamente, según la resolución. En la parte dispositiva del texto, el TSJC afirma que, partiendo de que el catalán es centro de gravedad del sistema educativo —como determina el Estatut y la legislación catalana—, se debe 'fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en los cursos y clases donde las hijas de la recurrente siguen sus estudios'.

Se trata de la primera vez que el alto tribunal fija una cuota mínima de castellano en las aulas, y la sala ha acordado requerir a las escuelas afectadas para que adapten las 'disposiciones pedagógicas oportunas' en el plazo de un mes contando desde dicha notificación y dando cuenta al tribunal.

El TSJC ha determinado el alcance del derecho de las familias recurrentes 'dada la doctrina ya consolidada en el Tribunal Supremo (TS) sobre el derecho de los alumnos a utilizar el castellano en la enseñanza de los alumnos que lo hayan pedido', ha informado en un comunicado. Por ello, ha fijado una 'utilización mínima' del castellano en el 25% del horario lectivo, lo que podrá comportar que una asignatura o materia troncal se imparta en castellano, además de la asignatura lingüística de lengua y literatura castellana.

La sala considera que esta fórmula 'garantiza una presencia prioritaria y suficientemente amplia del catalán como lengua vehicular, sin que el castellano se vea reducido a una utilización meramente simbólica'. El juez analiza el cumplimiento por parte de los centros educativos donde estudian los alumnos recurrentes, y concluye que no han respondido con una proporción razonable y, además, se ha atendido a los niños de forma individualizada en castellano, hecho que conduce a 'una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos clase por razón de la lengua habitual'.

La resolución afecta a los centros Mare de Déu del Roser de Barcelona; el instituto Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles; Escola Pia Sant Josep de Calassanç de Sabadell; la Escola Pia de Sarrià-Calassanç de Barcelona; el Colegio Sant Bonaventura Franciscans de Vilanova i la Geltrú.

Este lunes el TS rechazó un recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra un auto que dictó el TSJC en enero de 2013 y que requería al Govern a adoptar las medidas necesarias para incorporar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, tras la demanda presentada por la familia de un alumno. El Govern interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el mismo TSJC que lo desestimó, por lo que llevó el caso al Supremo, que mantiene el posicionamiento del tribunal catalán, el cual instaba a la Conselleria a adoptar 'cuantas medidas sean necesarias para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte a los hijos del recurrente, a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC)'.