El Tribunal Supremo está a punto de meter en un gran dilema al Banco Santander. La cúpula no ha querido abrir el melón de la sucesión en los últimos años, pese a que su presidente, Emilio Botín, tiene 76 años y su número dos, Alfredo Sáenz, cuenta con 68 años; y ahora podría verse obligado a hacerlo por las circunstancias. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha votado a favor de inhabilitar a Sáenz como gestor de entidades financieras por haber cometido los delitos de presentación de una acusación falsa y estafa procesal en 1994 cuando era presidente de Banesto, informó ayer El Mundo. La actuación consistió, presuntamente, en denunciar con argumentos falsos a los propietarios de una empresa que debía 3,8 millones de euros con la intención de presionarles para que pagaran. El banco contó con la ayuda del juez Pascual Estevill.

Por ahora ni siquiera está escrita la sentencia, entre otras cosas porque ha habido que designar un nuevo ponente, Miguel Colmenero, después de que el nombrado inicialmente, José Manuel Maza, votara en contra de la inhabilitación. Es muy poco habitual que haya cambios después de las votaciones, con lo que es casi seguro que se dicte la inhabilitación. A partir de ahí, el banco recurrirá ante el Tribunal Constitucional y solicitará que se paralice la ejecución de la sentencia. Conseguiría así ganar mucho tiempo para intentar mantener a Sáenz en su cargo. Dado que estos procesos se prolongan durante años, podría lograr que se quede hasta la jubilación.

Aunque esta sea la estrategia principal, el proceso obliga al banco a plantearse la sucesión de Sáenz y, por ende, la de Botín. La razón es que existen varias posibilidades de que Sáenz se vea obligado a dejar su cargo. La primera opción es que el Banco de España le obligue a dimitir.

La normativa no permite permanecer en sus cargos a gestores que hayan perdido su 'honorabilidad', esto es, que tengan antecedentes penales por delitos dolosos o estén inhabilitados. No obstante, da lugar a distintas lecturas porque no establece cuándo ha de iniciar el Banco de España el proceso de cese. No concreta si ha de ser con el fallo del Supremo o con el del Constitucional. En el caso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer (el similar más reciente), abandonaron la presidencia del Zaragozano tres horas después de que el Supremo les condenara. Además, otro acusado en el caso de Sáenz, Miguel Ángel Calama, actual director general de Caja Rural de Ciudad Real, dejará su puesto si el Supremo le inhabilita, informa EP.

Otra opción que podría obligar a Sáenz a dejar el banco sería la presión de otros supervisores internacionales, como la SEC estadounidense o el Banco de Inglaterra, y de los propios inversores, que podrían no ver con buenos ojos que tenga tanto poder alguien condenado. El banco podría tener que replantear su estrategia, dicen los expertos, que añaden que Ana Patricia Botín no debería ser aún la sucesora de Sáenz y que habrá que rebuscar más dentro del grupo.