El TS investigará si Blanco cometió cohecho y tráfico de influencias

El Tribunal Supremo (TS) investigará si el diputado por Lugo José Blanco López, exministro de Fomento y exportavoz del último Gobierno socialista, está implicado en una trama de supuestas concesiones fraudulentas por parte de la Administración a empresarios gallegos. El Alto Tribunal ha adoptado esta decisión tras examinar la información suministrada por la jueza instructora del caso en Lugo, Estela San José, que a principios de noviembre le remitió el testimonio de uno de los empresarios detenidos, así como conversaciones intervenidas y mensajes de teléfono y correo electrónico que le permitían inferir indicios de cohecho y tráfico de influencias en la actuación de Blanco.

El Alto Tribunal se declara así competente para investigar al político por su condición de aforado, de la que ya gozaba como miembro del anterior Gobierno y que mantiene ahora tras haber sido elegido diputado en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre. Fuentes próximas al político socialista descartaron este miércoles que se haya planteado siquiera renunciar al escaño.

El Alto Tribunal ha designado por reparto instructor del caso al conservador José Ramón Soriano. Este trámite y la decisión de declarar competente al Tribunal Supremo han correspondido a la Sala de Admisión, que hasta el 31 de enero está integrada por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Perfecto Andrés Ibáñez y Julián Sánchez Melgar. Este último ha actuado como ponente de la resolución, informaron fuentes jurídicas.

La decisión del Tribunal Supremo de declararse competente para investigar a Blanco llega precedida del informe favorable de la Fiscalía, que hace exactamente un mes le pidió que se pronunciara al respecto y nombrara a un juez instructor. La Fiscalía del Supremo había examinado la exposición razonada de la jueza San José y un dictamen de la Fiscalía de Lugo, que aprecia indicios de cohecho y tráfico de influencias por parte del político. Aún así, el Ministerio Público detectó contradicciones en las tres declaraciones en las que el empresario imputado Jorge Dorribo implica a Blanco y solicitó un informe contable pericial. La jueza no esperó al mismo y decidió enviar la documentación al Supremo.

El juez conservador José Ramón Soriano dirigirá la investigación  El 25 de mayo de este año, la Policía detuvo a 15 personas en el marco de la operación Campeón, que investiga fraudes en subvenciones públicas a distintas empresas. Entre los arrestados figuraban el director general y el subdirector de Información Especializada del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, en manos del PP. Tras interrogar a todos los detenidos, la titular del Juzgado número 3 de Lugo sólo vio indicios suficientes para dictar prisión sin fianza contra el dueño de la empresa farmacéutica Nupel, Jorge Dorribo.

El empresario pasó casi tres meses en prisión, hasta que el 8 de agosto volvió a pasar por el despacho de la jueza, incriminó a Blanco y salió en libertad provisional. A raíz de su declaración, la magistrada ordenó incorporar las transcripciones de mensajes y correos electrónicos que hasta entonces no había considerado relevantes para la causa y que apuntan a Blanco. En uno de esos mensajes, uno de los empresarios imputados, José Antonio Orozco, se refiere a un “préstamo” que acaba, según dice, en manos de “Pepe Blanco”. En otra conversación, el mismo empresario se jacta de que “siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno”.ç

El exministro está convencido de que se demostrará su inocencia  Dorribo ha vuelto en dos ocasiones al despacho de la jueza de forma voluntaria, variando en cada testimonio las cantidades que supuestamente hizo llegar a Blanco a través del primo del político socialista, Manuel Bran. Primero habló de 40.000 euros, después de 90.000 y finalmente de 150.000. La jueza San José prorrogó el secreto de sumario el pasado 2 de diciembre y se espera que en los próximos días decida si lo vuelve a hacer o traslada a las partes el contenido de la investigación.

Por el momento, el Tribunal Supremo sólo se hace cargo de la parte de la investigación en la que se ve supuestamente mezclado José Blanco. En su declaración, Dorribo también aludió a otros dos políticos. Se trata de los diputados autonómicos Pablo Cobián y el exconselleiro Fernando Blanco, del PP y el BNG, respectivamente, quienes habrían recibido distintas sumas de dinero a cambio de ayudar al grupo de empresas de Dorribo y el resto de empresarios presuntamente implicados.

A las pocas horas de que el diario El Mundo difundiera las acusaciones del empresario, Cobián y Fernando Blanco negaban cualquier implicación en los hechos y presentaban su dimisión, perdiendo así la condición de aforados. El exportavoz del Gobierno, por su parte, ha admitido que conoce a Jorge Dorribo y también que lo recogió en su coche oficial en una gasolinera, desde la que viajaron juntos hasta A Coruña, como declaró el empresario. Durante el trayecto, según la versión de Blanco, le habría trasladado su “preocupación por la tardanza” en la resolución de ayudas de Hacienda y Sanidad, unas subvenciones que las empresas de Dorribo nunca llegaron a percibir.

Tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, el exministro de Fomento José Blanco podrá solicitar declarar voluntariamente ante el juez instructor. De esta forma, no tendría que esperar a que el Congreso de los Diputados resuelva el suplicatorio correspondiente. Esta vía aceleraría el proceso pero obligaría a Blanco a presentarse ante el juez instructor sin conocer los detalles incluidos en el sumario que presuntamente lo implican en la trama. Aún declarando voluntariamente ante el magistrado, si este considere que hay indicios para seguir adelante con la investigación, el suplicatorio deberá ser resuelto igualmente.

Puede acelerar el procedimiento si se presenta a declarar voluntariamente José Blanco ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vinculación con los hechos que le atribuye el empresario Dorribo. Este miércoles, el exministro dijo no estar sorprendido por la decisión del Supremo, que esperaba desde el día que la Fiscalía del Alto Tribunal informó en ese sentido. Asimismo se mostró “convencido” de que la investigación va a demostrar que las acusaciones vertidas contra él son “falsas”. “Tengo mucho respeto por la Justicia. Estoy seguro de que se va a esclarecer la verdad”, declaró a Público.

A escasos diez días del 20-N, Blanco anunció que dejaría “la primera línea de la política”. “Quien ha sido número dos de Zapatero durante diez años no puede pretender seguir siendo el número dos de otro liderazgo del partido. Es una cuestión absolutamente de pura lógica”, alegó en ese momento.