BRUSELAS.- El agua es un derecho humano y un bien público no una mercancía privada con la que hacer negocio. Éste ha sido el lema de una manifestación que ha concentrado este lunes a unas 300 personas frente al Parlamento Europeo de Bruselas. La protesta ha sido promovida por asociaciones pro derecho a la gestión pública del agua de diferentes países europeos, en especial los más afectados por los recortes (como España o Italia) y la acción de la Troika (como Grecia o Irlanda) aunque también han participado asociaciones provenientes de Alemania y Francia.

“Pedimos el fin de la austeridad de la Troika y las privatizaciones, el reconocimiento por parte de la UE del agua como bien público y social y rechazamos el fin de las negociaciones oscuras del tratado de libre comercio con Estados Unidos, que acabarán privatizando los recursos públicos como la gestión del agua”, explica Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y portavoz de Red Agua Pública, un colectivo que canaliza en España estas reivindicaciones.

La concentración frente a la Eurocámara, organizada por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos y Food and Water Watch, se ha producido un día después de la celebración el domingo del Día Mundial del Agua. Además, la protesta se ha hecho coincidir con la celebración en Bruselas de la IV Conferencia Europea del Agua, evento inaugurado por el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en cuyo discurso no ha hecho referencia alguna a la Iniciativa Europea Ciudadana sobre el derecho al agua como recurso público, que fue admitida por la Comisión Europea justo hace un año “y sobre la que la Comisión no ha avanzado nada en todos estos meses”, según explican fuentes de los colectivos organizadores.

Concentración

“Pedimos el fin de la austeridad de la Troika y las privatizaciones, el reconocimiento por parte de la UE del agua como bien público y social"

“La directiva europea del agua”, explica Arrojo, “estableció un liderazgo absoluto de la UE en cuanto al agua en su relación con el medioambiente, sin embargo, la norma se vació de contenido social”. De este modo, en el prólogo de la directa se establecía como reivindicación general que el agua era un bien público no comercial, sin embargo, nada de esto se regulaba en la ley, ni en un sentido ni en otro.

“Así que se dejó libertad para que cada país optara por un modelo y se empezó a privatizar la gestión del agua en toda Europa, sobre todo, a partir de la crisis, porque el sector público se quedó sin recursos económicos y vio en la privatización una manera de obtenerlos, y muy especialmente por la acción de la Troika en países como Irlanda, Portugal o Grecia”, critica Arrojo. Esta oleada de privatizaciones ha sido aprovechada sobre todo por las multinacionales francesas Veolia y Suez.

Según explica Arrojo, la privatización del agua es una trampa para los Ayuntamientos “porque obtienen 60 millones de euros por privatizarla durante 40 años pero si el equipo de gobierno del siguiente mandato quiere dar marcha atrás debe pagar mucho más para compensar a la empresa. En ciudades de medio millón de habitantes, no menos de 500 millones de euros, por lo que privatizar supone de facto encadenar el futuro de varias generaciones”.

En España, calcula Arrojo, la mitad de los ayuntamientos tienen el servicio del agua privatizado. “Sin embargo, aún hay ciudades grandes que no lo han hecho, como Sevilla, Zaragoza o Madrid, en la que se logró frenar un intento inicial que hubo”, explica el profesor de Economía. En Europa también se está yendo poco a poco en ese sentido y Paría ha recuperado la gestión pública del agua recientemente.

La iniciativa ciudadana, en punto muerto

Otra de las reivindicaciones expuestas en la protesta frente a la Eurocámara se ha centrado en la Iniciativa Europea Ciudadana presentada por estos colectivos a la Comisión, que finalmente la aceptó justo hace un año.

Se trató entonces de la primera iniciativa ciudadana aceptada por la UE, en lo que era una vía nueva de acercar presuntamente al ciudadano a las instituciones comunitarias para que éste tuviera un mecanismo para poder ejercer la democracia directa. Sin embargo, la Comisión poco ha movido las cosas desde entonces en lo que respecta a todas las reivindicaciones que la iniciativa reclamaba.

“Con el agua no se puede hacer negocio”, asegura Georgis Randitsas, de la asociación griega EYDAP

“Apenas se han hecho dos consultas públicas sobre este asunto y se han promovido diversos encuentros con el sector, nada más”, explican fuentes de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos.

Sin embargo, los promotores de la iniciativa ciudadana están impulsando que el Parlamento logre promover el contenido de la iniciativa y hay dos eurodiputados que están realizando sendos informes (uno sobre el agua como bien público y otro sobre el desarrollo de la Iniciativa Europea Ciudadana), que serán votados antes de septiembre en el Pleno de Estrasburgo.

Un pacto social por el agua

“Con el agua no se puede hacer negocio”, asegura Georgis Randitsas, de la asociación griega EYDAP, otra de las promotoras de la protesta. “El gobierno anterior, de Samaras, privatizó el 37% del agua de Atenas, una ciudad con cinco millones de habitantes. El nuevo gobierno de Syriza está diciendo a los medios que cambiarán esta situación aunque no han hecho nada todavía. De momentos, nos mantenemos a la expectativa, pero si no hacen nada”, advierte, “saldremos de nuevo a la calle a protestar”.

Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, señala en este sentido que “el acceso al agua potable es un derecho humano inalienable y una condición imprescindible para una vida digna. Es una obligación de los Estados garantizar tanto el abastecimiento de agua potable para toda la población sin que nadie quede fuera por cuestiones económicas como la participación ciudadana en la gestión de este bien común".
“El acceso al agua y al saneamiento”, recuerda Marcellesi, “son un derecho humano, tal y como confirmó la ONU en 2010. Sin embargo”, alerta el portavoz de EQUO en la Eurocámara, “es necesario dar el salto del reconocimiento legal a que la ciudadanía pueda ejercer este derecho realmente”.

Para conseguir todos estos objetivos, en España los colectivos a favor de la gestión pública del agua están promoviendo un pacto social por el agua, llamado Iniciativa Agua 2015, un pacto que se originó en Andalucía y que ya está encontrado adeptos en toda España, donde ha sido firmado ya por plataformas de agua, organizaciones de vecinos, colectivos de consumidores, grupos ecologistas, sindicatos, fundaciones científicas y operadores públicos de agua.