El transfuguismo iguala a PP y PSOE en la política local

"El que se crea libre de culpa que arroje la primera piedra". El vicepresidente Manuel Chaves, ministro de Política Territorial, hizo suya la cita bíblica el pasado martes en referencia expresa al transfuguismo, que ahora ruge de nuevo tras la anunciada moción de censura socialista de Benidorm cuya votación, en la que contarán con el apoyo de un tránsfuga del PP, está prevista para mañana. En efecto, los datos constatan que ninguno de los dos grandes partidos está libre de culpa. Tanto PSOE como PP remolonean como norma a la hora de cumplir lo que dice el Pacto Antitransfuguismo: que hay que condenar al ostracismo a los tránsfugas y expulsar a los militantes que los acepten en sus gobiernos. El pacto carece de rango legal. O sea, ninguna ley castiga su incumplimiento.

Pero hoy, y así lo ha subrayado el propio Rajoy, lo único que cuenta es Benidorm, plaza conquistada por Eduardo Zaplana para el PP en 1991 gracias a otra moción de censura pactada con otro tránsfuga, aquel del PSOE. Lo sucedido en otros municipios, dice el líder del PP, son "historias".

De esas historias están llenas las hemerotecas. Y de actas de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, encargada de dictaminar cuándo se produce un incumplimiento y quiénes han incurrido en falta. En los dos años transcurridos desde las elecciones municipales de 2007, el PSOE ha recibido diez condenas como beneficiario de transfuguismo por parte de la comisión o del comité de expertos al que se remiten los casos dudosos y cuyo dictamen es inapelable; el PP, 16.

Salvo en Cangas del Narcea (Asturias), donde hubo una expulsión auténtica, los ediles del PP de los otros 15 municipios continúan operando bajo las siglas del partido. El PSOE sólo ha expulsado a los concejales de Pobla de Farnals (Valencia), que arrebataron la Alcaldía al PP para cedérsela a una tránsfuga de esa formación, aunque siguen usando por su cuenta las siglas del partido, informa Belén Toledo. Lo usual es que ambas formaciones abran expedientes cuyo rastro se pierde. Por ejemplo, los dos anunciados por el PSOE en los municipios canarios de Firgas y San Sebastián de la Gomera: se iniciaron hace un año. Ahora, el instructor "está de baja".

Otro ejemplo: el PP ha llegado incluso a difundir una nota en la que dice haber suspendido de militancia a los alcaldes de dos municipios el gallego Pobra de Trives y el valenciano El Puig que, sin embargo, mantienen las riendas del partido en sus manos. El propio alcalde de Pobra de Trives (Ourense), Luis Álvarez, lo confirmó a Público. "Soy presidente local del partido. No me han suspendido de militancia", admitió sin problemas el jueves.

En El Puig (Valencia), el alcalde José Miguel Tolosa se ha blindado: no habla con periodistas. Pero fuentes de su equipo y del PP valenciano confirmaron que Tolosa sigue empuñando la vara de mando del partido. En las convocatorias municipales, tras el nombre de sus ediles aparecen las siglas del PP. "Claro que es el presidente local del PP", corroboró también el concejal del Bloc Vicent Porta. "Será un error burocrático", dijo el viernes Juan José Matarí, representante del PP en la comisión de seguimiento del pacto. Según el edil Porta, el PP no ha notificado en ningún momento al consistorio que Tolosa y su grupo ya no lo representan.

En los 16 municipios donde el PP resultó declarado beneficiario, el PSOE perdió siete alcaldías

En los 16 municipios donde el PP resultó declarado beneficiario, el PSOE perdió siete alcaldías. En los diez donde la comisión colocó esa etiqueta al PSOE, el PP sólo perdió una por mano de los socialistas.

En total, el PSOE ha perdido en dos años 16 alcaldías por acción de tránsfugas de distinto color; el PP, cuatro. Con todo, los datos son mejores que en la legislatura anterior, cuando el PSOE perdió 35 alcaldías y el PP, 20.

Pero que esa ciudad alicantina constituye punto y aparte para el PP no admite duda. Javier Arenas envió hace diez días una carta a Zapatero y Chaves donde presagiaba la muerte del pacto y exigía una reunión extraordinaria. El 17 de marzo, su opinión había sido otra. Ese día, el secretario de Política Autonómica y Local del PP ensalzó la moción de censura de Alcaucín (Málaga), cuyo anterior alcalde, del PSOE, fue apartado por su partido tras su arresto por corrupción.

Aprovechando el relevo, el PP se alió allí con el moribundo Partido Andalucista (PA) y con una tránsfuga del PSOE, de modo que la Alcaldía terminó en manos del PA. Y Arenas se declaró esperanzando en que el cambio sirva para "regenerar la vida municipal". En Águilas (Murcia), el PP mantiene como alcalde a un imputado por corrupción que gobierna con un tránsfuga.

Mociones de censura prohibidas
El Pacto Antitransfuguismo, aprobado en 1998 por todos los partidos parlamentarios y reeditado en 2006 con enmiendas más tajantes, prohibe de forma expresa “la utilización de tránsfugas” para cambiar mayorías de gobierno.

Veto al reforzamiento  de mayorías
Aunque algunos sostienen que no es igual votar una moción de censura que incluir a un tránsfuga en un gobierno, el pacto equipara ambas acciones. Los partidos ni siquiera pueden apoyar iniciativas que provengan de los tránsfugas.

Ni mejoría de sueldo ni de cargo
El pacto veta el ascenso económico o político de los tránsfugas, condición que escasas veces se cumple. Los tránsfugas, dice el texto de 2006, “no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen”.

Expulsión de los infractores
Para quienes traicionen sus siglas o se beneficien de esa traición , el pacto establece el mismo castigo: “Los partidos asumen la obligación de (...) incoar expedientes disciplinarios y expulsar de la organización” al infractor.

Demasiado tarde para el 'tamayazo'
La ampliación de 2006 extiende la eficacia del pacto a las comunidades autónomas y al Estado”. La nueva redacción llegó tres años tarde para condenar el ‘tamayazo’, la traición de dos socialistas que abrió el camino de la victoria al PP en Madrid.

Golpes de mano con intereses espurios
El texto de 2006 prevé que la comisión de seguimiento remita al fiscal aquellos casos de transfuguismo donde “pudieran concurrir finalidades presuntamente constitutivas de un ilícito penal”. Hasta ahora, no se ha utilizado esa vía.