El Parlamento de Sudáfrica aprobó este martes una polémica ley de secretos oficiales que prevé penas de hasta 20 años de cárcel para periodistas que publiquen filtraciones, lo que ha desatado protestas de la prensa y organizaciones civiles.

El Parlamento, dominado por el Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna el país desde el fin del apartheid en 1994, aprobó por 229 votos a favor frente a 187 en contra la ley, a la que se oponen periodistas, sindicatos y organizaciones como la Fundación Mandela.

La norma contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen información clasificada, independientemente de que su objetivo sea la protección del interés general.

La plataforma Right to Know (Derecho a Saber), que aglutina a más de 400 organizaciones civiles, afirmó que impugnará la norma ante el Tribunal Constitucional y continuará con sus movilizaciones.

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) criticó también la ley de secretos oficiales. 'De ser aprobada, limitará de manera inaceptable la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, uno de los pilares fundamentales de la sociedad democrática', afirmó HRW en un comunicado emitido en Johannesburgo.

Una quincena de periódicos sudafricanos tiñeron hoy sus páginas y webs de negro para denunciar la bautizada como 'ley del secretismo', que aseguran que 'desmantelará uno de los pilares de la democracia'. En un editorial conjunto, los editores de prensa sudafricanos aseguraron que la norma supone una seria amenaza contra la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en el control del Gobierno.

Las manifestaciones de ciudadanos vestidos de negro se sucedieron en las principales ciudades del país, en un día bautizado como el 'Martes negro'.

'Si los diputados del CNA no se enfrentan a sus líderes y rechazan la ley, se pondrán a lado de aquellos que, como en el apartheid, encarcelaban a los que denunciaban los abusos de un Estado autoritario', expresaron los medios sudafricanos.

El CNA, al que pertenece el expresidente sudafricano Nelson Mandela, es la agrupación de sindicatos y partidos negros que lucharon desde la clandestinidad contra el apartheid y accedieron al Gobierno en 1994, en los primeros comicios libres del país.

Diecisiete años después, el Gobierno afronta serios casos de corrupción, que han llegado a salpicar al propio presidente, Jacob Zuma, y a sus más estrechos colaboradores.

Los medios sudafricanos creen que la ley persigue tapar las pruebas de corrupción

El portavoz de Zuma, Mac Maharaj, demandó el pasado fin de semana al semanario 'Mail and Guardian' por su intención de publicar unos documentos confidenciales que podrían contener el cobro de comisiones a través de su esposa cuando era ministro de Transportes.

Los editores de medios sudafricanos creen que la ley de secretos oficiales persigue precisamente tapar ante la opinión pública las pruebas de la corrupción en las esferas del poder político.

'La creciente cultura del enriquecimiento personal (..) está controlada por medios libres que se alimentan de las filtraciones, y que velan por el interés publico en el momento más importante desde 1994', agregaron los editores en su editorial conjunto.