Sortu alega que aún no es legal para opinar sobre la kale borroka

El nuevo partido de la izquierda abertzale ilegalizada, Sortu, respondió ayer al hilo de los "acontecimientos" de los últimos días (golpe policial a ETA y dos casos de violencia callejera en Vitoria) que "el día que sea una organización legal asumirá sin ningún género de dudas la responsabilidad para gestionar de manera firme y coherente todos los principios y compromisos".

En un comunicado de cinco puntos, Sortu recordó que es un partido que, de acuerdo a sus estatutos, rechaza "todo tipo de violencia, incluida la de ETA, y muestra su compromiso en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, así como la superación de las consecuencias de toda violencia. Entre estas, también se encuentran los actos de violencia callejera, los malos tratos y la tortura. Por tanto, en absoluto es retórico e instrumental el rechazo expresado, sino nítido, firme y real".

Dice que su actitud no es "esquiva, sino lógica en el proceso jurídico"

Esta es la respuesta de Sortu a los emplazamientos recibidos los últimos días desde los gobiernos español y vasco, así como del PSOE y del PP, a raíz de la operación policial contra ETA del martes y dos sabotajes las últimas horas en Vitoria, atribuidos por la Ertzaintza a la kale borroka. Consistieron en el lanzamiento de tuercas y pintura a una sucursal de Caja Vital y la quema de neumáticos en una calle.

Las apelaciones a Sortu se escucharon también ayer toda la mañana, mientras la Abogacía General del Estado presentaba su demanda ante el Tribunal Supremo para que suspendiera su inscripción legal. Los promotores de Sortu hicieron público el citado comunicado a última hora de la tarde para denunciar que la demanda se fundamenta en una "decisión política que niega los derechos democráticos elementales que asisten a los ciudadanos y ciudadanas de cualquier Estado de derecho". Y reprocharon, además, que los partidos y gobiernos que precisamente avalan esta demanda "pretendan utilizar nuestro silencio como elemento probatorio para una hipotética ilegalización, presionando al ámbito judicial". Según los promotores de Sortu, su actitud de "mantenerse al margen" de las detenciones y los sabotajes "no es esquiva, sino lógica" en el proceso jurídico en que están inmersos.

El PP defiende que el partido sea ilegal aunque condene los actos violentos

Los actos de violencia callejera de Vitoria representan un rebrote puntual de la kale borroka, cuya actividad había sido prácticamente nula desde el verano. Cabe recordar que entonces la izquierda abertzale ilegalizada respondió ante ataques similares que estaban "fuera de su estrategia". En un documento interno conocido en noviembre, decía: "Planteamos la acumulación continua de fuerzas para la creación de nuevas mayorías sociales, de modo que el proceso democrático avance de forma irreversible. Por supuesto, en consonancia con ese análisis, debemos decir que dichos actos de sabotaje están fuera de nuestra estrategia".

Ayer por la mañana, en un acto conjunto en la capital alavesa con EA y Alternatiba en recuerdo de los cinco trabajadores asesinados por la Policía en una huelga el 3 de marzo de 1976, el miembro de la izquierda abertzale Aitor Bezares manifestó que "ya no existe ninguna excusa para dilatar esta situación de ilegalidad". "Es prioritario para las tres formaciones políticas lograr la pacificación y la normalización política", dijo para, acto seguido, añadir que el Gobierno debe "dar pasos" y que la legalización es una "necesidad imprescindible e ineludible". Por la tarde, la izquierda abertzale hizo público un comunicado (distinto al enviado por los promotores de Sortu) en el que denunciaba que, con la demanda de la Abogacía, el "Estado muestra una vez más una actitud entorpecedora" para un proceso de paz. Y, además de comprometerse a "continuar profundizando" en su apuesta política, convocaba para hoy movilizaciones en los municipios vascos para reivindicar la legalización.

Jáuregui exige que dé pruebas "día a día" de su ruptura con ETA

Antes de conocerse el comunicado de Sortu, el PP elevó el listón de exigencias. Su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, dijo que, "si llegara a condenar la violencia callejera, sería ETA fingiendo que condena para poderse meter en las instituciones. No hay salida", informa María Jesús Güemes.

El lehendakari, Patxi López, consideró, por su parte, que Sortu "está perdiendo muchas oportunidades" para demostrar que "va en serio", al no respaldar la última operación policial contra ETA: "Habría sido una buena oportunidad para ir desvelando velos de esa desconfianza".

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, advirtió de que Sortu no tendrá derecho a ser legal hasta que no se compruebe "fehacientemente" y demuestre "día a día" que ha roto con la violencia de ETA.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, consideró, por el contrario, que el Estado sigue "anclado en las antiguas teorías de que todo es ETA", cuando, recordó, ya hay sentencias de la Audiencia Nacional sobre casos como Egunkaria y Udalbiltza que han contrariado esa teoría. También EB cuestionó la postura del Gobierno.