La solidaridad con los sin papeles desafía la ley

"Me negaré a acatar una ley que es una aberración y supone una regresión en la ética ciudadana". El que habla es Javier Baeza, uno de los sacerdotes de la parroquía de San Carlos Borromeo (Entrevías, Madrid), y se refiere a la recién anunciada reforma de la Ley de Extranjería que perseguirá a aquellos que sean solidarios con los inmigrantes en situación irregular y promuevan su permanencia en España. La norma no especifica si se refiere a particulares o también a ONGs o congregaciones religiosas.

Las multas por acoger a un sin papeles pueden llegar hasta 10.00 euros, pero Baeza, que acoge en su casa a cinco inmigrantes sin recursos (uno de ellos no tiene papeles) afirma rotundo que no acatará la ley y que se declarará insumiso. No está solo. Recientemente se ha creado la plataforma Salvemos la Solidaridad, que agrupa a profesores universitarios como Julián Ríos o José Luis Segovia, fiscales como Félix Pantoja o actores como Guillermo Toledo y que califica la nueva norma como "intimidatoria".

"Sin la asociación, estaría durmiendo en la calle", afirma Kunta

La plataforma ha recogido en pocos días más de 2.000 firmas en contra de esta persecución. "El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero", sostiene el manifiesto escrito por los miembros de Salvemos la Solidaridad.

Pero incumplir la ley tiene consecuencias. "La primera es meter miedo a la población: Si no cumplo la ley, tendré antecedentes penales, o si no pago, deudas con la Hacienda Pública", afirma Baeza. A su lado, escuchan muy atentos Mohamed, Abdennabi y Remigio. Los dos primeros son marroquíes y viven en casa del sacerdote. Remigio es de Guinea Ecuatorial, tampoco tiene recursos y va muchos días a comer a casa de Baeza.

En los bajos de un camión

Los afectados promoverán una campaña de autoinculpaciones

Mohamed, además, no tiene papeles. "Me expulsaron a Marruecos, pero en septiembre me colé en el puerto de Ceuta en los bajos de un camión y volví a casa de Javier", explica. El sacerdote asegura que aún se acuerda del día en que le abrió la puerta: "Llegó lleno de grasas y quemaduras por el viaje en el camión. Lo primero que hizo fue agarrarse a una barra de pan duro que vio en la cocina". Los inmigrantes tienen claro qué pasaría si la solidaridad termina siendo censurada. "Salimos de nuestro país, no es gusto dejar a tus amigos, tu barrio. Nos quieren quitar lo poco que tenemos", sostiene Abdenabi que, aunque ahora tiene tarjeta de residencia, ha estado sin papeles.

Pilar y Roberto

Otros que tienen en su casa a varios inmigrantes sin papeles que dependen económicamente de ellos son la pareja formada por Pilar Sánchez y Roberto Borda, miembros de Salvemos la Solidaridad. "En casa viven cuatro inmigrantes y otros tres vienen todos los días a comer. Del total, hay tres que no tienen tarjeta de residencia", explica Pilar, que también está dispuesta a declararse insumisa.

"Además, impulsaremos una campaña de autoinculpaciones, para que se pueda sumar la gente que, sin acoger a inmigrantes, sea solidaria con el planteamiento", agrega esta abogada, que piensa que así la administración se echará para atrás. "No creo que nos vaya a sancionar a todos", afirma.

Pilar considera que la reforma de la Ley de Extranjería no plantea la vía más adecuada para terminar con las mafias y que lo que pretende el Gobierno central es "meter miedo".

Lo mismo piensan los inmigrantes en situación irregular que viven en un piso del norte de Madrid gestionado por la ONG La Calle. Kunta, camerunés de 30 años, conoce la reforma y cree que está "muy mal". "Sin la asociación yo estaría durmiendo en la calle", cuenta este hombre, que era electricista en su país y que aquí no encuentra trabajo.

En el salón de la casa, Kunta (apodo que ha tomado de mítica serie Raíces) está acompañado por otros seis subsaharianos y por Marta Ramos, trabajadora social. "El Gobierno pretende meternos miedo con la ley, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo", asegura Ramos, para la que la reforma de la Ley de Extranjería es "una locura y un atentado contra la intimidad y la solidaridad". La ONG tiene unas setenta plazas de acogida para inmigrantes en situación vulnerable y también trabajan con menores extranjeros llegados en patera hasta Canarias. Jacob, de Ghana y de 28 años, es otro de los beneficiados por las acciones de esta asociación. "Aquí me dan de comer y me han pagado también el abono transporte", explica.

En su país Jacob era profesor de inglés y ahora ha empezado a dar clases. Pero habla de ello asustado porque no tiene papeles. Él y sus compañeros no quieren salir en las fotografías mostrando su cara porque tienen miedo. "Desde que llegaron a España se les ha tratado como criminales, cuando lo único que han cometido es una falta administrativa. Pero eso es lo que la policía les ha inculcado y hay que convencerles de que no han hecho nada malo", concluye la trabajadora social.

Una reforma que castiga la acogida

-Según el artículo 53.2 c) del anteproyecto aprobado por el Gobierno, será una infracción grave “promover la permanencia irregular en España de un extranjero”.

-El texto añade: “Se considerará que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del periodo legalmente previsto”.

-El texto del nuevo artículo sólo hace una salvedad: “Se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares”. De esta forma, el Gobierno pretende dejar libre de sanción a quienes ayuden a un familiar.

-Según expertos juristas, este texto podría castigar cualquier muestra de solidaridad, y dejaría al arbitrio del juez considerar cuándo se comete la infracción de mantener a un irregular económicamente.

-Además, según señalan desde el departamento jurídico de la federación de ONG Red Acoge, no sería lícito multar a quien no tiene culpa –el ciudadano que acoge– por una infracción que comete un tercero –el inmigrante que prolonga su situación irregular en España–.

-Este nuevo artículo equipara ante los ojos de un juez a quien mantiene económicamente a un irregular con el que falsea el empadronamiento de un inmigrante, o bien con quien contrata sin permiso a un ‘sin papeles’.

-A estas tres infracciones se les podría imponer la misma sanción: hasta 10.000 euros.