El Parlamento italiano dio un primer visto bueno el miércoles a un proyecto de ley que recorta drásticamente la duración de los juicios, una medida que los críticos dicen que está hecha a medida para detener los casos pendientes contra el primer ministro, Silvio Berlusconi.

una de las reformas más radicales del lento sistema judicial italiano desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora pasará a la Cámara Baja, donde no tiene asegurada la luz verde.

juicio inicial, primera apelación y apelación final - dependiendo de la gravedad del delito. Podrá haber una extensión para casos sobre mafia y terrorismo, pero aparte de eso, después de ese plazo, el acusado será automáticamente absuelto.

Debido a sus efectos retroactivos, la medida acabaría con dos juicios por corrupción y fraude fiscal contra Berlusconi, que niega todos los cargos y dice que ha sido perseguido por los magistrados desde que entró en política en 1994.

"Los límites temporales introducidos por esta ley aún son demasiado largos", dijo el político y multimillonario, que agregó que ser procesado en Italia es como entrar en el infierno de Dante Alighieri, en referencia a la obra maestra del autor, "La Divina Comedia".

El primer ministro sostuvo que sus abogados le advirtieron en contra de atender cualquiera de los juicios que afronta porque sería como afrontar a "pelotones de ejecución".

La oposición dice que el proyecto de ley es la enésima ley "ad personam", utilizando el término en latín que significa "para una persona", para salvar a Berlusconi de ser procesado. Afirman que la forma de acelerar los juicios es destinar más recursos al poder judicial.

"Su prioridad ha sido, gobierno tras gobierno, servir a un interés privado: para hacerlo no han tenido miedo de romper en pedazos nuestro sistema legal; y nunca han mostrado ninguna vergüenza", dijo Anna Finocchiaro, líder del PD, el partido de centroizquierda, a la Cámara Alta.

Algunos senadores de la oposición llevaban unas pancartas en las que se leía "Berlusconi, haz frente a tus juicios".

Algunos magistrados dicen que la ley podría acabar con unos 100.000 juicios, entre ellos algunos grandes casos por bancarrota fraudulenta en los que decenas de miles de pequeños inversores han demandado para recuperar su dinero.

Los aliados de Berlusoni dicen que sólo se verían afectados el uno por ciento de los juicios en Italia, que pueden durar hasta dos décadas.