El fallo de 7, 8 y 10 años de prisión del Tribunal Oral número 5 de argentina contra los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán (30 años), hija de desaparecidos, dejó un sabor ambiguo entre las organizaciones de derechos humanos y la querella.

'Sentimos decepción, porque pedimos 25 años y las condenas fueron muy menores. Pero estamos conformes porque se consiguió una condena que es emblemática', señaló Tomás Ojea Quintana, abogado de Sampallo, a la salida de los tribunales de Comodoro Py el viernes a las 23.30 hora española.

'Estamos muy decepcionados. Es muy poco tiempo. No hemos conseguido más de siete u ocho años. Parece que en nuestro país robar bebés no es un delito. Sí estamos contentos porque se los condenó', dijo una de las Abuelas de Plaza de Mayo.

María Gómez Pinto, que crió a María Eugenia como si fuera propia, recibió 7 años de prisión por el delito de ocultación y retención. Su marido, Osvaldo Rivas, también fue condenado por su complicidad en la falsificación de identidad y fue condenado a ocho años de cárcel, mientras que el entregador de la pequeña, el ex capitán José Enrique Bertier, recibió la mayor condena, 10 años, por sumársele el delito de falsificación de la partida de nacimiento.

El fallo, histórico por ser la propia hija de desaparecidos quien se presentó como querellante contra sus apropiadores, resultó descafeinado para la querella y la fiscalía, que habían pedido 25 años de sentencia. Ambas partes ya adelantaron que decidirán una apelación una vez que conozcan los fundamentos del tribunal, que expondrán sus argumentos el próximo 14 de abril.

María Eugenia es hija de Mirta Barragán y de Leonardo Sampallo, una pareja secuestrada por la dictadura en diciembre de 1977. A Mirta, con un embarazo de seis meses, la llevaron al centro clandestino de detención Club Atlético y luego a El Banco. En febrero de 1978 dio a luz a María Eugenia, supuestamente en el Hospital Militar. El responsable de la entrega, el capitán Berthier, se la dio a Osvaldo Rivas en mayo del '78 a Osvaldo Rivas quien, usando un certificado de parto falso expedido por el médico militar Julio César Cáceres Monié, la inscribió como propia.

Tras siete años de juicio y un mes y medio de proceso, el caso de María Eugenia había suscitado muchas expectativas en los organismos de derechos humanos y en una parte de la sociedad argentina. Se esperaba un fallo histórico. Prueba de ello fue el petitorio del fiscal Félix Croux, quien el jueves solicitó al tribunal que 'cambie el rumbo' y condene con mayores penas los casos de robos de bebés. 'La Justicia ha sido muy piadosa', dijo, al plantear la tendencia de los jueces a encontrar atenuantes para quienes se apropiaron de hijos de desaparecidos. El 12 de marzo pasado, el abogado de María, Tomás Ojea Quintana, señaló a Público que 'es importante que se comprenda que la apropiación de bebés es un delito de lesa humanidad'.

Callada, pero con 'una fuerza y una garra impresionantes' según sus abogados, esta estudiante de Letras se convirtió en la primera hija de desaparecidos en enjuiciar a sus apropiadores. Desde niña, María atravesó un rosario de mentiras en torno a su identidad, reestablecida en 2001 luego de presentarse sola ante la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad para someterse a una prueba de ADN.

Durante el proceso judicial, de un mes y medio de duración, María relató que su apropiadora le reprochaba 'que no era agradecida' y que 'si no fuera por ellos yo estaría tirada en una zanja'. Ni su apropiadora ni su marido ejercieron ayer el derecho a decir sus 'últimas palabras'. Solamente antes de volver al tribunal, Rivas señaló 'Creo en la justicia de mi país y en la bandera celeste y blanca, con un sol en el medio'.

Decepcionado, Ojea Quintana, señaló que además de los delitos por los que se les acusa, hay un derecho que los apropiadores de María le siguen negando: 'no sabe donde nació, ni cuando, ni donde estuvo sus primeros dos meses de vida'.

Si bien el caso de María Eugenio es el primero en que la víctima enjuicia a sus apropiadores, existen antecedentes. El primero fue el de Martín D'Elía, en 1998, cuando su apropiadora, Marta Elvira Leira, fue condenada por la Justicia a tres años en suspenso. Por el juicio por Claudia Victoria Poblete, Ceferino Landa recibió una sentencia de 9 años y medio de prisión, mientras que su esposa Mercedes Moreira recibió cinco años y medio. La mayor pena hasta aquí la recibió el ex subcomisario Samuel Miara, con doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa. Los mismos se negaron a volver con su verdadera familia pese al fallo. Para el ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo la condena fue de seis años y medio y su esposa fue eximida por la apropiación de Carla Rutilo Artés.

Alrededor de 200 militares están procesados a la espera del inicio de juicios orales por delitos de lesa humanidad y genocidio, en tanto que otros 700 figuran entre los acusados de cometer crímenes, torturas, robo de bebés y desapariciones de personas.