"Al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo"

El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados la Memoria para el análisis del impacto de la reforma laboral, donde explica las razones que le han llevado a facilitar y abaratar el despido y a permitir que el empresario, de forma unilateral, reduzca los salarios dejando al trabajador la única opción de darse por despedido si no acepta .

En el documento oficial, el Ejecutivo sostiene que la estabilidad en el empleo tiene un lado negativo cuando, "al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo y se genera una excesiva resistencia a la adaptación a nuevas necesidades". El Ministerio de Empleo explica que esa estabilidad se produce porque el despido en España es "relativamente más caro y limitado que en otros países".

La Memoria señala que la anterior normativa llevaba a ajustes laborales "claramente injustos" que no tenían en cuenta la productividad y otras coyunturas económicas. De hecho, recalca que los trabajadores indefinidos "perciben incentivos para oponerse a ajustes tales como la reducción de salarios".

La solución que ha encontrado el Gobierno ya se conoce: se introduce más inseguridad para todos los trabajadores, lo que, en su personal interpretación, incentivará el esfuerzo y la productividad. Desde luego, no todos piensan igual. El diputado y portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, considera que con esta reforma laboral "se pretende presionar a la baja los salarios y desproteger al trabajador".

Con la supresión de la autorización administrativa en los ERE se pretende "ganar en celeridad", dice el texto de la Memoria, y "corregir la tendencia a llegar a un acuerdo consistente en el pago de elevadas indemnizaciones" para evitar que la autoridad laboral entre a examinar los despidos. El fin último es "normalizar" el uso del despido colectivo "a un coste más razonable". Y ese es, a juicio del ministerio, 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades. Por eso, "el objetivo esencial de la reforma es reconducir la mayor parte de los despidos hacia los despidos objetivos y colectivos procedentes".

El objetivo de la reforma es imponer el despido objetivo con 20 días

La Memoria también expone otras motivaciones del Gobierno que hay detrás de las medidas. Por ejemplo, tras la decisión de incorporar a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación, está la ambición de que sirvan para inundar de ofertas a los parados y descubrir a los que no quieren trabajar o que están en la economía sumergida.

La incorporación de las ETT "permitirá que los desempleados sean contactados más frecuentemente para acudir a entrevistas de trabajo o ser contratados. De esta manera, si están trabajando de forma fraudulenta o no están verdaderamente interesados en trabajar, serán expuestos y perderán la prestación". La ley establece que rechazar una oferta de trabajo "adecuada" conllevará la pérdida de la prestación por desempleo durante tres meses, rechazar una segunda oferta implica perder el seguro de paro durante seis meses y, si se hace por tercera vez, se pierde completamente el derecho a la prestación.

A la vista de lo que se explica en la Memoria enviada a los diputados, queda claro cuál es el camino en el que confía la ministra Fátima Báñez para reducir la costosa carga presupuestaria de las prestaciones por desempleo, cuyo gasto mensual asciende a más de 2.580 millones de euros y que se ha duplicado respecto al que había en 2007, antes de la crisis. Si a través de las ETT se llena de ofertas de trabajo a los parados y muchos las rechazan, quedará suspendido temporal o permanentemente para ellos el cobro del paro. En esto, la clave será cómo se juzgue si una oferta de trabajo es adecuada o no.

El Ejecutivo no sólo ha querido abaratar y facilitar el despido, sino que considera que, en el modelo anterior, los tribunales gozaban "de una amplia capacidad interpretativa sobre si se dan o no las causas del despido, lo que genera incertidumbre y limita la seguridad jurídica".

La reforma laboral costará 236 millones de euros el primer año

Aún más, al Ministerio no parece gustarle lo que dicen los magistrados ya que puntualiza que "los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente". Y, tal vez para que no haya margen a una interpretación laxa, con la reforma se introduce una nueva causa para poder hacer despidos objetivos con 20 días de indemnización: la de reducción de ingresos o ventas durante tres trimestres seguidos, que se une a la de la previsión de pérdidas que introdujo Zapatero en 2010.

Además, como los salarios de tramitación (los que paga el empresario en función del tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la de la resolución judicial) "incentivan el recurso a los tribunales", la reforma ha suprimido esos salarios de tramitación.

El Gobierno también reconoce que uno de sus objetivos con la reforma laboral es "el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico". En este sentido, se permite que los organismos y entidades del sector público, cuando tengan una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, puedan acudir a los despidos colectivos sin autorización administrativa. El texto explica que esta medida se completa "con la prohibición de que lleven a cabo suspensiones de contratos o reducciones temporales de jornada".

La reforma laboral costará al menos 236 millones de euros en el primer año. La mayor partida, 122 millones de euros, corresponde a la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por ERE temporal o reducción de jornada que sean despedidos. Las bonificaciones de fomento de la contratación indefinida costarán 19,6 millones el primer año y se calculan 55.700 beneficiarios.

Por otro lado, la memoria explica que la reducción de jornada por guarda legal se hará en la jornada diaria y no en la semanal o anual, por lo que no se podrá acumular en un día completo. Y que los directivos del sector público estatal que sean funcionarios o empleados públicos no recibirán indemnización alguna cuando dejen el puesto .

Finalmente, el decreto ley mandata al Gobierno para que evalúe la conveniencia de crear un "cheque formación" destinado a financiar individualmente la formación de cada trabajador donde él quiera.