El equipo de abogados que impulsa la querella criminal contra las grandes agencias de rating Standard & Poor's, Moody's y Fitch la registró formalmente ayer en la Audiencia Nacional. Es una iniciativa española, pero que nace ya internacionalizada: la querella presentada, de 55 folios, incorpora los aspectos básicos de las tres querellas impulsadas en EEUU con el apoyo de la Fiscalía y los abogados se coordinarán con el bufete alemán que dirige un caso análogo en Baja Sajonia.

Los querellantes sostienen que el 'conflicto de intereses' de las tres calificadoras, denunciado por todos los grandes organismos internacionales (incluido el FMI), ha provocado decenas de millones de pérdidas al erario público y a los ahorradores. La querella reclama para los responsables de las tres grandes agencias, que copan el 90% del mercado mundial, penas de multa y de entre seis meses y cuatro años de cárcel por 'alterar el precio de los mercados' en beneficio de sus clientes.

Acusan a las firmas de haber provocado pérdidas millonarias al Estado

Aunque las sedes centrales de las tres agencias están fuera de España todas son aglosajonas, el caso no está sustentado sobre la jurisdicción universal, sino sobre los efectos directos en España: en el sobrecoste que ha tenido que pagar el Estado por la presión de 'los mercados' y en las pérdidas sufridas por ahorradores que compraron productos basura que habían sido calificados con nota fantástica.

Los ingresos de las agencias de calificación, que informan a los inversores sobre la supuesta calidad de los productos financieros, proceden en un porcentaje altísimo de los clientes a los que califican sus emisiones de bonos. Y según las querellas ya presentadas en EEUU (y recogidas en la presentada ayer en Madrid), el 50% del extraordinario beneficio que estas empresas tuvieron justo antes de la crisis procedían precisamente de los productos estructurados que resultaron ser basura y que se vendían a los ahorradores como si fueran oro puro con el sello de las calificadoras.

El texto incorpora declaraciones del fiscal general, Conde-Pumpido

La querella que en España se han registrado como acusación popular y que de momento impulsan cuatro organizaciones Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, Attac y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es la segunda en la UE contra las agencias de rating. La primera la presentó el pasado verano en Alemania el jubilado Jörgen Hillebrand, que perdió 30.000 euros en productos que Lehman Brothers había comercializado con la pátina de gran seguridad otorgada por las agencias de rating.

Los tribunales alemanes están estudiando el caso y decidirán antes de que acabe abril si lo admiten a trámite. Pero los abogados que iniciaron el pleito en Alemania, que cuentan con el asesoramiento de economistas y profesores universitarios, ya están coordinados con el equipo en España que dirigen Gonzalo Boye y Jaume Asens.

'Estamos convencidos de que ha llegado el momento de romper el poder de las agencias de rating. Hasta ahora, parecen tener más influencia en el desarrollo de un país que los propios políticos elegidos en elecciones', explica a Público Jens-Peter Gieschen, el abogado del bufete KWAG que dirige al equipo alemán

La querella presentada en España recoge también los planteamientos de los fiscales generales de Connecticut y Ohio, en EEUU, para subrayar que los problemas que afrontan los poderes públicos son comunes y, al mismo tiempo, dejar claro que esta no es una querella antisistema: está redactada dentro de los parámetros capitalistas, denunciando los incumplimientos de estas reglas por parte de las agencias de rating y tomando como base los planteamientos del Ministerio Público de EEUU.

A lo largo de la querella española desfilan muchos informes sobre el 'conflicto de intereses' de las calificadoras elaborados por instituciones de ortodoxia acreditada, desde el FMI hasta el Congreso de EEUU. O del exministro de Economía Miguel Boyer, quien en varias ocasiones ha advertido que dichas agencias están encareciendo la salida de la crisis.

Lo que la querella quiere dilucidar es si ello es consecuencia del 'conflicto de intereses' en favor de sus clientes. En tal caso, opinan los abogados, se estarían vulnerando los artículos 284 y 285 del Código Penal. La querella incluye también guiños a la Fiscalía para que apoye la causa: no sólo las referencias a la actuación de sus pares en EEUU, sino también declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en pleno ataque de 'los mercados' contra el euro lo equiparó a 'una forma de delito económico'.