El Congreso no impedirá, gracias a los votos del PP y del PSOE, que los expresidentes del Gobierno puedan compatibilizar sus asignaciones públicas con otros ingresos procedentes de la empresa privada, como así sucede en los casos de Felipe González y José María Aznar.

A falta de la votación final, la Cámara tampoco ha aceptado, como incluía la proposición de ley de ERC que ha defendido Joan Ridao, limitar su pensión -ahora vitalicia- a un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han ejercido su cargo y como mínimo durante una legislatura.

La asignación, ahora de 80.000 euros anuales, será equivalente al 80 por ciento de la retribución mensual correspondiente a su cargo, según ha explicado el portavoz de ERC, y al alcanzar la jubilación tendrán derecho a una pensión mensual igual al 60 por ciento de lo que percibían al mes.

Ridao ha señalado que esta iniciativa trata de incidir en la pérdida de credibilidad de la clase política, algo que, ha recordado, ha hecho más evidente el Movimiento 15-M, cuyas aspiraciones -ha afirmado- ERC comparte.

La intención de la propuesta, ha recalcado, tiene un carácter "ético y ejemplificador" y difícilmente "reprochable" desde el punto de vista común.

Ha dejado claro que su propuesta no cuestiona en ningún caso que un expresidente tenga derecho a una asignación que le permita vivir de acuerdo a la función que ha desempeñado y pueda disfrutar de una serie de prerrogativas en función de su cargo, pero lo que, a su juicio, no es razonable es que puedan percibir remuneraciones de compañías privadas.

Ha puesto los ejemplos de Felipe González, que como consejero de Gas Natural tiene un sueldo de 126.000 euros anuales y de José María Aznar, que es asesor de Endesa y cobra 171.000 euros al año.

Se trata de empresas, ha señalado, que ejercen una "gran influencia" sobre el poder político y estos ex presidentes "no solo deben ser honestos sino también parecerlo".

Para el PP, la asignación pública que reciben los expresidentes, que ha calificado de "modestísima", no es como para "rasgarse las vestiduras" ni para decir que "es incompatible" con la dignidad institucional por el hecho de desempeñar actividades privadas en un momento posterior, ha afirmado el diputado Arturo García Tizón.

A su parecer, el ejercicio de la política "se denigra" con propuestas como esta y hacen un "flaco" servicio al sistema democrático.

Una vez más, los socialistas se han opuesto a cambiar el régimen de retribuciones de los expresidentes, al igual que hicieron en otros debates similares y, en opinión del diputado Jesús Quijano, con planteamientos como este se corre el riesgo de incurrir en demagogias y "oportunismos".

Ha advertido del riesgo que supone "aprovechar" el contexto de la crisis y el "calor" del clima social en ciertos sectores tras el Movimiento del 15-M y ha subrayado que los expresidentes, con sus aciertos y errores, son "nuestros expresidentes" y así hay que reconocerles y "como tales debiéramos de rentabilizarles".

En apoyo de la propuesta de ERC ha salido el PNV, que, no obstante, ha dicho no ser partidario de su articulado y hacer una distinción entre la asignación y la pensión que reciben, pero sí "de su espíritu", ha apuntado Aitor Esteban, a quien no le parece "en absoluto estético" que un ex presidente pueda ganar un sobresueldo privado.

También ha respaldado a ERC Rosa Díez (UPyD) y Francisco Jorquera (BNG), quienes han incidido en que hay que revisar el modelo e impedir que los que han estado al frente de un gobierno y otros altos cargos puedan compatibilizar sus retribuciones públicas con otras privadas.

Se ha abstenido CiU y lo ha hecho por estar en desacuerdo con que se quiera limitar a cuatro años la asignación pública al considerar que ésta debe ser vitalicia, pero, en cambio -ha argumentado Jordi Xuclà-, si es partidario de que esta pensión sea incompatible con un sueldo privado.