PSOE y PP se acusan de bloquear el Tribunal Constitucional y de querer controlar el poder judicial

El PSOE y el PP se han lanzado hoy a un cruce de reproches tras conocer el rechazo del Tribunal Constitucional al borrador de sentencia del Estatuto de Cataluña, y si los socialistas acusan a los populares de bloquear el alto tribunal, estos creen que el Gobierno quiere controlar la Justicia.

El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, ha personificado sus acusaciones en el líder del PP, Mariano Rajoy, a quien, según su versión, ha llamado para pedirle que favorezca la renovación de los magistrados del Constitucional sin que haya recibido ninguna respuesta.

Montilla ha dicho de Rajoy que "ni escucha ni responde" a Cataluña, que padece "catalanofobia" y que es el causante del bloqueo del alto tribunal.

"No nos confundamos, la situación anómala del TC, su composición y el bloqueo de su renovación, con cuatro de sus miembros que ya hace mucho tiempo que han acabado su mandato, tiene un principal responsable, que es el PP", ha proclamado el president.

El PP no ha tardado en devolver la acusación por medio de su vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas, para quien España atraviesa ahora una "crisis institucional" que el Gobierno "está alentando" por sus "agresiones" al Tribunal Supremo (TS) y Tribunal Constitucional.

El responsable de Justicia de los populares, Federico Trillo, ha incidido en esta tesis de su partido al afirmar que al pedir ahora la renovación del Constitucional, sobre todo tras más de un año sin quererla, el Gobierno cae en un intento de "apropiación partidista" del Tribunal y del poder judicial, en general.

El portavoz del grupo popular en el Senado, Pío García-Escudero, ha responsabilizado directamente al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, algo que ha compartido la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.

Desde el Ejecutivo, la respuesta ha procedido del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ha afirmado que "la derecha juega con el poder judicial", y del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, para quien el PP se ha arrepentido de haber puesto el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto.

Zarrías, con todo, ha pedido respeto a los magistrados del Constitucional, como también lo ha hecho Trillo, aunque éste ha puesto énfasis en destacar que en el tribunal no hay un bando del PSOE u otro del PP, sino "una mayoría de constitucionalistas que aprecian la Constitución como suprema norma jurídica con la que ha de medirse" el Estatuto.

Tal y como han denunciado los partidos, en el Constitucional hay cuatro magistrados, los que dependen del Senado, cuyo mandato ha vencido, si bien no se han renovado estas plazas porque en la Cámara Alta no hay acuerdo entre populares y socialistas.

Según han indicado a Efe fuentes de ambas formaciones, no hay visos a corto o medio plazo de que se desbloquee el proceso.

Las fuerzas políticas catalanas también han dedicado el día a analizar la decisión de los magistrados del alto tribunal.

El presidente de CiU, Artur Mas, ha considerado "inadmisible" que en estos momentos el Estatuto esté "en manos de un magistrado que hace dos años que debería haberse ido", ya que su mandato se agotó.

El magistrado al que ha hecho alusión Mas es Guillermo Jiménez, del sector conservador, el encargado ahora de hacer la ponencia sobre el Estatuto catalán.

"Si es inadmisible que el TC toque el Estatut, todavía es más inadmisible que lo haga un tribunal agrietado y peleado", ha denunciado.

El propio Mas dijo ayer que habría que recusar a los magistrados con el mandato vencido, pero hoy ERC, por medio de su presidente, Joan Puigcercós, ha expresado sus reservas sobre la posibilidad de que el Parlament pida esta recusación.

El líder independentista, con todo, ha acusado al tribunal de mantener al país entero en el "corredor de la muerte".

El secretario general de ICV, Joan Herrera, sí se ha mostrado a favor de la recusación en el Parlament ante la "falta de autoridad y legitimidad" del Constitucional.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha lamentado la falta de acuerdo en el alto tribunal.