Las prostitutas denuncian la persecución mediática

Periodismo sensacionalista y tramposo. Así es como las prostitutas del barrio del Raval de Barcelona calificaron ayer, en un encuentro con periodistas, la cobertura que algunos medios de comunicación han realizado estos días a propósito de la polémica sobre la prostitución en las calles.

"Se han pagado entrevistas y se han robado fotos sin importar las consecuencias para nosotras y nuestras familias", afirmó María, una prostituta uruguaya que trabaja en la calle Robador. Pero el chaparrón no acabó ahí. "A menudo [los periodistas] han confundido prostitución con delincuencia, no somos delincuentes, sólo queremos un espacio para trabajar", sentenció María.

"Se han robado fotos sin importar las consecuencias"

En este sentido, el vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Asens, afirmó que "la cruzada punitiva que se ha iniciado este verano no es la vía correcta" y lamentó que en ocasiones los periodistas no hayan sabido diferenciar la "prostitución voluntaria de la forzada".

Los reporteros no fueron el único objetivo de las críticas. Las meretrices también aprovecharon para vituperar la política que desde hace años desarrolla el consistorio barcelonés en el barrio: "Dejen de cerrar espacios para trabajar. No somos el problema, somos parte de la solución", dijo Tania, visiblemente nerviosa a pesar de la careta rosa y lila que le cubría el rostro.

Las prostitutas se quejaron del acoso policial y mediático de estos días, que ha mermado su derecho a la intimidad, al tiempo que ha afectado a su bolsillo. Según aseveró María, "el 80% de los clientes están casados" y últimamente no se han acercado al barrio, por miedo a ser reconocidos.

Un problema enquistado

Las meretrices y los miembros de las entidades que las acompañaron en la comparecencia ante la prensa afirmaron que les parecía un paso en la buena dirección el anuncio que antes de ayer hizo la concejal de Ciutat Vella, Itziar González, de permitir la apertura de locales y meublés (casas de citas) en el barrio. Además, pidieron poder participar en la redacción de la nueva normativa.

Ana Fábregas, de la entidad Genera, quiso puntualizar que con la modificación de la normativa el ayuntamiento no hará más que "recuperar una figura que ya existía [el meublé] y que ellos mismos cerraron".

De hecho, la prostituta y militante por los derechos de las trabajadoras del sexo, Margarita Carreras, recordó que la política de cierre de locales de alterne en el Raval se viene produciendo desde los preparativos para las olimpiadas del 92, "cuando el consistorio decidió que quería una ciudad fashion week y no para los barceloneses ".

Tanto revuelo no ha caído en saco roto

Más allá de los juegos olímpicos, la situación de las prostitutas de Ciutat Vella se ha ido agravando desde la entrada en vigor de la Ordenanza del Civismo de 2006, que fija que entre los prostíbulos debe haber una distancia mínima y que no pueden estar cerca de escuelas ni centros similares.

Esto ha comportado que cada vez haya más meretrices trabajando en la calle, hasta llegar a la situación actual en la que algunas mujeres incluso realizan los servicios sexuales a cielo descubierto.

No obstante, parece que tanto revuelo no ha caído en saco roto y las demandas de los vecinos del barrio y de las prostitutas, esta vez sí, han calado en el consistorio. Ayer, como hizo el martes pasado la concejal de Ciutat Vella, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, afirmó que en el Raval la prostitución debe poder ejercerse en locales, como ocurre en otros barrios de Barcelona.

Hereu también afirmó que la prostitución no puede tener lugar en el espacio público y que el consistorio desarrollará estrategias para que esta actividad no interfiera en la vida de los ciudadanos.

Un caso dudoso

Por otro lado, la Fiscalía de Ceuta abrió ayer una investigación para aclarar la detención de un inspector de la Policía Nacional en la ciudad que fue arrestado por sus propios compañeros cuando estaba en el vehículo policial con una prostituta marroquí, que lo denunció por coacciones y amenazas.

La Fiscalía de Ceuta deberá determinar ahora si el inspector había cometido un delito de intimidación o si por el contrario ambos afectados mantenían relaciones sexuales consentidas.