El procurador pide castigar a 36 de los 38 acusados de corrupción en Brasil

El procurador general de Brasil, Roberto Gurgel, afirmó el viernes que hay "pruebas contundentes" contra 38 de los 36 acusados de las corruptelas que zarandearon en 2005 al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, pidió "castigo" para ellos y señaló como "jefe de la banda" al exministro José Dirceu.

Gurgel fue el único orador de la segunda sesión del juicio que el Tribunal Supremo ha abierto en torno a una vasta trama de sobornos a diputados y financiación ilegal de campaña tejida durante el primer mandato de Lula, e hizo un relato minucioso sobre la investigación que su despacho y la policía han realizado sobre el caso.

El procurador reiteró que el análisis de los documentos recabados en ese tiempo no deja dudas de que entre los años 2002 y 2005 operó el "más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público que se haya descubierto en Brasil".

Durante cinco horas, Gurgel detalló el accionar de lo que definió como "banda de profesionales del crimen" y aseguró que el "jefe de la cuadrilla" era Dirceu, entonces ministro de la Presidencia y uno de los hombres de más confianza de Lula, quien le consideraba su "brazo derecho".

Dirceu, según Gurgel, "ideó y dirigió" personalmente el "esquema" de recaudación ilegal de recursos públicos y privados que permitió financiar campañas políticas del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, y de otras cuatro formaciones implicadas en la trama.

"Se puede decir sin riesgo de cometer ningún equívoco que José Dirceu fue el mentor, fue quien ideó todo el sistema ilícito y fue quien comandó las acciones de los otros acusados", afirmó ante el pleno del Supremo. "Nada, absolutamente nada, se hacía sin previa autorización de José Dirceu", declaró.

"La ascendencia de Dirceu sobre todos los otros acusados ha sido plenamente comprobada", apuntó Gurgel, quien sostuvo que el entonces "hombre fuerte" del Gobierno de Lula dirigía "todo el esquema" desde su despacho en el Palacio presidencial de Planalto.

"¿Cómo se podría imaginar que todo eso ocurría dentro del Palacio presidencial y que las reuniones de la banda se hacían a unos pocos metros de la oficina del presidente de la República?, eso era lo más seguro y hacía casi imposible obtener pruebas", sostuvo Gurgel.

Las pruebas, que según el procurador constan en un documento con más de 50.000 páginas que su despacho ha entregado al Supremo, se lograron mediante el análisis cruzado de informaciones bancarias de los acusados, de créditos obtenidos en forma ilegal por el PT y de contratos otorgados por empresas públicas a varios implicados.

El dinero de esos créditos y contratos acababa en manos del PT, que luego lo usaba para sobornar a diputados "siempre en vísperas de alguna votación importante para el Gobierno" de Lula, que había asumido el cargo en 2003 sin mayoría parlamentaria, indicó Gurgel.

El procurador sostuvo que, según "cientos" de testimonios que han sido recogidos durante la investigación, el dinero llegaba a los beneficiarios en efectivo y "muchas veces" era entregado dentro de maletas y en habitaciones de hoteles de Brasilia.

También reveló que, en ocasiones, la "banda" contrató empresas de transportes de caudales que hasta usaron camiones blindados para trasladar el dinero, debido a las enormes cifras que movían.

Gurgel dijo que para 36 de los 38 acusados la Procuraduría pide una pena "proporcional a la enorme gravedad de los delitos" y que solicita, además, "la absolución" del exministro de Información Luiz Gushiken y del político Antonio Lamas, en la época dirigente del desaparecido Partido Liberal (PL), ambos por falta de pruebas.

En tono emotivo, el procurador concluyó su presentación con una frase del cantautor Chico Buarque, que en su opinión es una metáfora a medida de lo que ocurrió: "Dormía nuestra Patria distraída, sin saber que era sustraída en tenebrosas transacciones".

La próxima sesión de este juicio, que durará alrededor de un mes, será celebrada el próximo lunes, cuando comenzarán a ser escuchados los abogados de los 38 acusados.