La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han decidido presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, al entender que cometió prevaricación con la orden que paralizó el plan de reforma del barrio del Cabanyal.

La querella, que ha sido anunciada en rueda de prensa por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, se ampliará a todos aquellos que resultasen implicados por "haber justificado con arbitrariedad la ruptura de la legalidad" que a su juicio supone la citada orden.

La denuncia se basa en el dictamen que ambas Administraciones encargaron al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado sobre la orden ministerial que suspendió el plan que amplía la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar por expolio.

"La decisión ministerial incurre en una incoherencia que la hace irracional y arbitraria", señala el catedrático, quien sostiene que al declarar la ilegalidad del plan Especial de Protección y de Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, el Ministerio sigue "un fin torcido" fruto de "una manifestación de la voluntad particular".

El dictamen, del que la alcaldesa ha leído algunos extractos, destaca que ésta es la primera vez que se da la declaración de expolio por parte del Gobierno de forma "excepcional", ya que ésta es una competencia autonómica, y concluye que en el caso del Cabanyal no se produce este supuesto.

Muñoz Machado, de quien Barberá ha destacado que ha emitido dictámenes para todos los ministerios y para autonomías, ayuntamientos e instituciones europeas, destaca que la orden de Cultura "está viciada de nulidad" por considerar que no produjo expolio y supone una "desviación de poder".

Señala que existe un "ejercicio desmedido e imprudente de la competencia estatal" así como una "contradictio in terminis", ya que "no puede haber expolio sobre un bien que queda protegido de acuerdo a la legalidad urbanística y de patrimonio cultural autonómica", mientras que sobre la declaración de expolio refleja que es "ilegal e infundada".

Asimismo, apunta que la resolución ministerial es "manifiestamente errónea, incoherente o irracional" que además se refiere a "una cosa juzgada y sentenciada con carácter definitivo y firme", en alusión a las sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que lo consideran legal.

Además de la querella por prevaricación, la Generalitat y el Ayuntamiento estudiarán si también denuncian a la ministra por "usurpación de atribuciones", si exigen daños y perjuicios por la paralización de la ley y si exponen en el ámbito europeo "la arbitrariedad" del Ejecutivo.

Barberá ha señalado que este proceder obedece a que ni ella ni el president de la Generalitat, Francisco Camps, tienen intención de dejarse "doblegar" por la "violencia verbal, física o del BOE", y ha ratificado su intención de seguir adelante con un plan cargado de "razones legales, políticas y electorales".

Ha manifestado su deseo de que González Sinde no se escude en informes técnicos y ha recordado que este argumento ha sido criticado por los socialistas en la causa abierta contra el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por prevaricación y delito en la concesión de unas licencias de aparcamiento.

Por su parte, Cotino ha informado de que el Consell y el Ayuntamiento también pedirán la acumulación de los dos recursos contencioso-administrativos que han presentado ante la Audiencia Nacional, y que se incorpore el dictamen de Muñoz Machado.

El conseller ha expresado su deseo de que el Gobierno reflexione y retire el recurso presentado ante el Constitucional contra la ley autonómica que autoriza todas las actuaciones del Cabanyal, cuyas obras están paralizadas desde el pasado mes de abril.