El portavoz del grupo parlamentario popular en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte, calificó ayer de 'gran esfuerzo negociador' por parte del Gobierno y de su propia formación dedicar apenas una jornada laboral a tramitar en la Cámara baja un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Rajoy que modifica hasta 30 leyes vigentes que abarcan competencias de nueve departamentos ministeriales y privatiza el Registro Civil.

El proyecto de ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficencia de la economía española, nombre formal de la ley 'ómnibus', ha sido finalmente aprobado en su conjunto con los votos en solitario del PP y solo en dos apartados puntuales - horarios comerciales y energía - ha recibido el respaldo adicional de los grupos nacionalistas de CiU, PNV y UPyD.

En la sesión de la mañana del jueves, dedicada principalmente al proceso de plasmar un centenar de votaciones al articulado, los grupos de la oposición han vuelto a criticar los contenidos de esta iniciativa legislativa y la forma en la que se ha tramitado, por el método de urgencia y con competencia legislativa plena en la propia comisión, sin comparecencias de ministros, tras ser promulgada como real decreto-ley por el Gobierno de Rajoy a principios del pasado mes de julio.

Sólo aceptan el 1,65% de las enmiendas del resto de los grupos de la oposición a la ley 'ómnibusEn una negociación de urgencia de apenas un par de días el grupo popular ha admitido siete de las 431 enmiendas planteadas por los diferentes grupos de la oposición, esto es el 1,65% del total. Martínez-Pujalte ha presumido de este circunstancia hasta el punto de destacar que una de las enmiendas incorporadas 'es de un diputado que ni siquiera ha hecho acto de presencia en los debates para defenderla', en referencia a Joan Bardoví, de Compromís englobado en el grupo mixto de la Cámara baja.

Según el portavoz popular 'han sido casi cuarenta las enmiendas aceptadas, lo cual pone de manifiesto la voluntad de diálogo del Gobierno y del grupo que lo respalda'. Martínez-Pujalte ha querido inflar las cifras, de por sí ridículas: a las siete enmiendas aceptadas - 3 de CiU, y una de La Izquierda Plural, del PSOE, de UPyD y la citada de Compromís - cabe añadir otras 21 enmiendas transaccionadas, es decir modificadas por el propio PP, la mayoría pertenecientes a CiU y PNV, de meros retoques técnicos.

Aún así, la capacidad de negociación de la formación conservadora asciende a un exiguo porcentaje del 5,5% del total de las enmiendas de la oposición. Ese esfuerzo negociador también abarca al propio grupo parlamentario que ha contribuido con otras siete enmiendas directas y otras tres transaccionadas, esto es que se ha enmendado a sí mismo.

Otra enmienda transaccional de la que ha presumido Martínez-Pujalte como ejemplo de 'consenso' se refiere a una modificación suscrita por todos los grupos parlamentarios, excepto La Izquierda Plural, por la que se adecúan las exenciones fiscales a la actividad de mecenazgo relativas a salvar el patrimonio cultural de Lorca, ciudad afectada por un terremoto en 201, con la normativa general que se extiende hasta fin del año 2016.

El portavoz popular ha vuelto a insistir hoy en que la nueva ley 'quiere aprovechar el buen momento económico para favorecer el crecimiento y que beneficie a la sociedad española'. No ha dicho nada al hecho de que varios grupos parlamentarios encabezado por el socialista han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por entender que la norma vulnera los principios recogidos en la Carta Magna. De momento el alto tribunal todavía no se ha pronunciado sobre la aceptación del recurso.

El texto aprobado este jueves pasará ahora al Senado donde, también por el procedimiento de urgencia y con la competencia legislativa plena de su comisión de Economía se tramitará sin necesidad de que llegue al pleno de la Cámara alta. Ese proceso se completará durante la semana próxima para ir a continuación directamente al BOE.