El PP evita que Les Corts investiguen el 'caso Brugal'

En el PP valenciano la jerarquía es muy importante. También en los casos de presunta corrupción. Una ley que se aplicó ayer con claridad en Les Corts cuando el president Alberto Fabra ordenó investigar el pillaje de Emarsa, empresa pública dedicada a depurar las aguas residuales, y acto seguido su grupo votó en contra de fiscalizar las supuestas corruptelas que envuelven el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una de las ramas del caso Brugal.

Ambos asuntos están en los tribunales, pero el primero afecta a políticos subalternos y el segundo salpica de pleno a la poderosa alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su predecesor, Luis Díaz Alperi, y al omnímodo empresario Enrique Ortiz, también asiduo en el sumario de la Gürtel.

La Generalitat se personará en el caso sobre el pillaje en Emarsa

"Nos sorprende y nos avergüenza", aseguró Fabra en relación al agujero de 30 millones que podría derivarse de la gestión de Emarsa entre 2004 y 2010. Un saqueo que da como resultado 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios. El jefe del Consell anunció que la Generalitat se personará en el caso e instó a su grupo a impulsar una comisión de investigación para evidenciar que no existirá "ninguna traba a que se puedan esclarecer todas las cuestiones". "¿Que no vaya a poner trabas en Emarsa significa que sí las va a poner en otros casos?", cuestionó Mónica Oltra, portavoz adjunta de Compromís.

La respuesta llegó por la vía de los hechos con el veto del PP, con mayoría absoluta en la Cámara, a que la misma investigación se extienda al PGOU de Alicante. La discusión de este punto originó un inflamado debate entre la diputada de Compromís, Mireia Mollà, y la primera edil alicantina, Sonia Castedo. "¿Por qué Emarsa sí y esto no? ¿El silencio de Alperi y el suyo [por Castedo] es más caro? ¿Cuánto nos cuestan sus amistades peligrosas?", preguntó Mollà en referencia al supuesto amaño del PGOU en beneficio de Ortiz. A cambio, según el fiscal Anticorrupción, Castedo y Alperi habrían recibido suntuosos regalos del empresario alicantino.

"Es una investigación sesgada, tergiversada e interesada", se defendió Castedo, quien aseguró que le han llegado a acusar de reunirse con empresarios en el Ayuntamiento. "¿Es que me tengo que trasladar a una gasolinera de carretera?", inquirió agriamente a Mollà. "No, al mar, a Ibiza, que tanto le gusta, que entre fiesta y fiesta negociaba el plan general", respondió la diputada de Compromís en referencia a los supuestos viajes con los que Ortiz habría intentado comprar la voluntad de la alcaldesa.

El PP considera que la investigación a la alcaldesa de Alicante es "interesada"

Por su parte, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, se negó ayer a declarar en los juzgados de Orihuela como imputado en un presunto delito de soborno por la adjudicación de la contrata de basura del Plan Zonal de la Vega Baja, una de las partes en las que se desgaja el caso Brugal. Ripoll manifestó que se mantendrá en silencio hasta que se resuelvan los lo recursos de sus abogados.