El PP catalán lleva al Parlament el contrato de inmigración

El PP catalán presentó ayer una proposición de ley en el Parlament para exigir a los inmigrantes extracomunitarios que firmen un contrato de integración si quieren residir en Catalunya. La propuesta de contrato incluye el conocimiento de las lenguas oficiales (el catalán y el castellano), el respeto de "los valores cívicos de convivencia básicos de la sociedad europea", el conocimiento y cumplimiento de las leyes y el punto más polémico: el compromiso de regresar voluntariamente a su país si no encuentran un trabajo que garantice su subsistencia.

El Govern, según su propuesta, será el encargado de decidir qué duración tendrá el contrato, así como los requisitos para renovarlo. Sea como sea, pasado un tiempo, el interesado tendrá que demostrar "su integración en la sociedad", que ha respetado las leyes y las normas de convivencia, y tendrá que pasar una prueba escrita y oral de catalán y otra de castellano.

Para renovarlo, se tendrá que pasar un examen de catalán y castellano

El contrato implica también a los ayuntamientos, ya que serán ellos los que confirmarán, a través de un informe, si el interesado ha incumplido alguna ordenanza de convivencia. En Barcelona, por ejemplo, está normativa incluye la prohibición de patinar, jugar a pelota o tender la ropa en el balcón. Algunos ayuntamientos catalanes ya han aprobado este polémico punto.

El portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, defendió ayer que este contrato ya existe en países como Francia y que tiene el objetivo de "garantizar que el fenómeno de la inmigración no se acabe convirtiendo en un problema". De hecho, este es el contrato que utilizó el año pasado el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para expulsar a los gitanos rumanos que no tenían empleo. La presentación de esta propuesta era cuestión de días. La semana pasada, el presidente del PP, Mariano Rajoy, visitó Catalu-nya y anunció que en las elecciones generales de 2012 volverá a plantear el contrato de integración para inmigrantes que ya presentó en 2008. El líder popular, en un acto en Castelldefels (Barcelona) pidió más "orden y control".

Los convergentes dejan la puerta abierta a apoyar la medida

La reacción del resto de partidos catalanes llegó inmediatamente. El único que dejó la puerta abierta fue CiU. La federación nacionalista anunció que estudiará atentamente la propuesta, que consta de seis páginas, y luego decidirá si la apoya o no. Desde el PSC, en cambió, ya avanzaron que "teniendo en cuenta la posición adoptada por el PP sobre inmigración en los últimos tiempos difícilmente puede haber un punto de encuentro". ERC rechazó la propuesta directamente, igual que ICV-EUiA. Su portavoz, Dolors Camats, dijo que "el PP convirtió las pasadas elecciones catalanas en un banco de pruebas de su discurso racista y ahora lo ponen en práctica".

La presentación de esta medida llega a menos de tres meses para las elecciones municipales y deja ver hacia donde se orientará el discurso de conservador. En su visita a Catalunya, Rajoy aprovechó para proclamar como candidato a las elecciones municipales de Badalona a Xavier García Albiol, el dirigente del PP con el discurso más duro sobre inmigración en Catalunya. En esa proclamación, Albiol habló de "mano dura" y de "restringir las prestaciones sociales a los inmigrantes" que han venido "a delinquir".

Las organizaciones que luchan contra la xenofobia, como SOS Racismo, criticaron ayer la medida y acusaron al PP de "oportunista". Una portavoz de esta organización lamentó que los populares "aprovechen la crisis para hacer este discurso sin tener en cuenta el riesgo de fractura social que puede provocar". La misma fuente recordó que "en épocas de bonanza" les parecía bien la inmigración.