El PP sí acelera la renovación del Constitucional desde el Gobierno

Ahora sí. Una vez que los conservadores han llegado al Gobierno sí se comprometen a ampliar los contactos con los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional "a la mayor brevedad posible", algo algo que lleva paralizado en buena parte por el PP desde hace años.

No ha sido la única promesa que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha realizado durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso. Ha hablado sobre la Ley de Transparencia, la reforma del Código Penal para tipificar como delito las malas gestiones de los recursos públicos o de la posibilidad de un cambio de votación para la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También ha reconocido que son urgentes otros nombramientos que se tienen que consensuar en instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE pero que están pendientes desde hace tiempo, lo que "no es ejemplar", y ha asumido la parte de responsabilidad que le toca al PP en este caso.

Santamaría dice que la renovación del TC es "imprescindible a corto plazo"

Al hablar del Constitucional, Santamaría ha confirmado que se han reiniciado los contactos y ha admitido que la renovación del tribunal es "imprescindible a corto plazo". Asimismo, ha subrayado que el reto del Gobierno es que se recupere "por completo" su prestigio, "deteriorado" en los últimos años, y que se devuelva "la centralidad a su primigenia función", la de velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Ha recordado que la intención del Gobierno es una reforma, que remitirá a las Cortes en una Ley Orgánica, en la que, por un lado, se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía.

Y por otra parte, en la reforma se redefinirá el recurso de amparo, "para evitar que convierta en una instancia jurisdiccional más", y para que cumpla su objetivo original de proteger "rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles". Lo que, ha subrayado, no impedirá que el Gobierno busque "nuevas fórmulas" para el nombramiento de sus miembros, que aporten "una mayor estabilidad" a la institución y que la hagan menos dependiente de las coyunturas parlamentarias.

Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados antes del verano. De ese modo, los conservadores hacen suyo un compromiso que el PSOE ya llevaba en su programa electoral y que nunca se ha aplicado a la cúpula del PP.

La norma, entre sus objetivos, permitirá a los ciudadanos conocer cuánto cobran los altos cargos, cuántos funcionarios trabajan en un determinado Ministerio o cuánto cuestan las cumbres internacionales en las que participe España. Toda esa información se canalizará y se administrará desde un nuevo Portal Digital de la Transparencia, que funcionará como "una ventanilla" al ciudadano y cuyo acceso sólo quedará limitado por interés de la seguridad nacional y de la protección de datos.

El Consejo de Ministros aprobará el viernes la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Sáenz de Santamaría ha remarcado que el Gobierno será muy estricto en el control de la gestión de los recursos públicos, especialmente cuando se incumplan las obligaciones que contemplen esa nueva Ley de Transparencia y de Buen Gobierno. "La respuesta debe ser contundente" cuando se aprecie que un gestor no cumple los objetivos de déficit y de endeudamiento, cuando asuma obligaciones sin crédito, cuando haga facturas sin reflejo contable o cuando no aporte la documentación que le requieran los órganos fiscalizadores.

Cada uno de estos requisitos figurará en el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Consejo de Ministros aprobará el viernes que viene y enviará con carácter inminente al Consejo de Estado y al Congreso, pues, como ha recalcado la vicepresidenta, el Gobierno quiere hablar desde ya con los grupos parlamentarios.

Asimismo, Santamaría ha constatado la voluntad del Ejecutivo de modificar el Código Penal durante este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, para "tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos". Se hará de acuerdo con los criterios de intencionalidad, "grave negligencia" en el ejercicio de sus funciones, "quebranto a la Hacienda Pública" o "claro perjuicio de los servicios" que financia, según sus palabras.

Durante su intervención, el portavoz del PSOE, Ramón Jáuregui, ha tendido la mano al Gobierno para dialogar y pactar un proyecto ambicioso de reformas para sacar a España de la crisis económica e institucional, pero ha instado al Ejecutivo a no paralizar la ley de memoria histórica.

Jáuregui pide al Ejecutivo que no paralice la ley de memoria histórica 

Jáuregui ha lamentado que Sáenz de Santamaría no haya dedicado "ni una palabra" a la ley de memoria histórica y le ha reclamado que siga su desarrollo "por dignidad y justicia", para que los antepasados de las personas enterradas en fosas comunes puedan exhumar los restos de sus allegados. "Nunca debió ocurrir que esta ley nos dividiera en relación con el proceso de transición, aunque desgraciadamente ocurrió", ha admitido.

El ex ministro de la Presidencia ha asegurado que el grupo socialista comparte muchos de los principios que inspiran la acción del Gobierno en torno a la austeridad, la transparencia o la regeneración democrática, pero se ha mostrado partidario de un proyecto reformista más ambicioso. Más allá del plano económico, se ha mostrado partidario de abordar otros aspectos para mejorar la calidad democrática, como por ejemplo abordar la reforma del Senado, la ley electoral o los sistemas de participación de la ciudadanía en las Cortes.