Power Balance también devolverá el dinero a los compradores en EEUU

La empresa de las ‘pulseras-timo' Power Balance ha llegado a un acuerdo extrajudicial en EEUU para devolver el dinero a los consumidores engañados por sus reclamos. La compañía reconoce que no puede demostrar sus supuestas propiedades milagrosas, y resarcirá a todos los usuarios que suscribieron una demanda presentada en enero de este año en California.

De este modo, Power Balance evita llegar a un juicio en el que debería justificar las propiedades de sus pulseras ante un tribunal. La firma afronta varias demandas que reclaman cinco millones de dólares por estafa, por lo que los usuarios compensados ahora serán los primeros de una larga lista de confirmarse que esta es la estrategia judicial que seguirá la compañía a partir de ahora.

"Como muchas otras tecnologías recientes, sobre todo las relacionadas con orígenes orientales, reconocemos que pueden generar confusión en el mercado, y asumimos que hemos ido muy lejos en los reclamos de nuestro primer producto", aseguró la representante legal de la compañía, Nina Freeland-Ringel, para justificar la decisión empresarial.

"Mientras documentamos por completo los beneficios de nuestras ofertas iniciales, estamos comprometidos por completo con el desarrollo continuo de productos con la ayuda de atletas de todo el mundo", defendió Freeland-Ringel. Algunos deportistas de élite han recibido demandas por estafa por su relación comercial con Power Balance, como le ha sucedido a los jugadores de baloncesto Shaquille O'Neal y Lamar Odom. 

El acuerdo alcanzado deja claro que los demandantes asumen que no hay reconocimiento ni admisión de ningún tipo de responsabilidad o engaño por parte de la empresa.  

Las acciones judiciales recibidas por la firma de los productos-timo en EEUU surgieron después de que la propia compañía tuviera que admitir, obligada por el Gobierno de Australia, que no podía justificar científicamente que las pulseras generan beneficios físicos para quienes las utilizan. En España, la dirección general de Consumo obligó a la empresa a modificar sus reclamos en función de lo admitido por la compañía en Australia.