Porco governo, porco stato

El secuestro del Alakrana se ha de convertido en un reflejo de la sociedad del espectáculo descrita por el filósofo francés Guy Debord, sociedad en la que los medios de comunicación no se limitan a informar y presentar la realidad sino que se transforman en el escenario central de esa realidad y contribuyen a la producción espectacular de la realidad, que diría Debord.

Se comprende la angustia de las familias de los marineros españoles que se trasladaron por razones laborales a una zona de extraordinario riesgo, con múltiples antecedentes de secuestros, pero lo que ya se entiende menos es que a medida que el chantaje de los piratas se ha ido haciendo más duro y desagradable, el centro de los ataques haya sido el Gobierno y los jueces de la Audiencia Nacional. La idea de que siempre la culpa la tiene el Gobierno o el Estado y de que estos siempre mienten, casi por definición, es aberrante, y quizá en este caso la aberración es todavía más injustificable.

Los hechos, reconstruidos, indican que las brutales diatribas contra el juez Baltasar Garzón no se sostienen. Fue él quien estaba de guardia cuando ocurrió el secuestro, y fue él quien se negó a abrir una investigación de oficio. Tampoco la Fiscalía de la Audiencia Nacional se situó en la vanguardia de este procedimiento. Precisamente, porque existía el antecedente del pesquero Playa de Baquio, tanto el juez como los fiscales actuaron con extrema cautela.

Los medios ayudan a la producción espectacular de la realidad

El problema de fondo es que España, una vez detenidos dos piratas por las fuerzas militares españolas, podía ejercer su jurisdicción, ya que el secuestro afectaba los intereses españoles por la propiedad del Alakrana, por la nacionalidad española de un número de las víctimas y por estar situado el barco fuera de la zona de seguridad en la que se aplica la operación de la Unión Europea contra los piratas llamada Atalanta. Pero la posibilidad de ejercer esa jurisdicción no es lo mismo que una obligación. Para ello era necesaria una decisión de naturaleza política.

El Gobierno adoptó esa decisión política y la vicepresidenta segunda, María Teresa Fernández de la Vega, se la transmitió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño. En esta decisión del Gobierno jugó un papel relevante la idea de transmitir una imagen de autoridad, tanto para dar confianza a las familias, en el sentido de que se estaba trabajando por recuperar a los marineros, como para acojonar a los piratas. Y los que se saben la génesis de esa decisión aseguran que en ella el Gobierno tuvo muy en cuenta la posición adoptada en aquellas horas por el Gobierno vasco que preside Patxi Lopez.

La imagen de autoridad, pues, tuvo una influencia fundamental. Y la expresión de esa voluntad quedó patente cuando fue el abogado del Estado, en nombre del Ministerio de Defensa, quien tuvo la iniciativa de pedir el traslado de los dos piratas para ejercer la jurisdicción española, y no la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Durante la primera fase de negociaciones, el representante de los secuestradores sólo hizo referencia al dinero que exigían sus secuaces para liberar al pesquero y a sus tripulantes. Pero he aquí que de manera sorpresiva, este representante fue sustituido por un nuevo negociador, quien, al trasladar las condiciones, hizo saber que era fundamental, aparte del dinero, la entrega a las autoridades de Somalia de los dos piratas encarcelados en España.

En el mismo lado han coincidido las familias, el PP y el Gobierno vasco

A partir de este nuevo escenario, comenzó a intensificarse la presión de los secuestradores sobre los marineros para que estos incrementaran la lógica angustia de las familias y al tiempo utilizaran a los medios de comunicación como el mecanismo de "producción espectacular" de la realidad del secuestro. Los secuestradores de un lado, el Gobierno en el medio, y las familias, el PP y el gobierno de Patxi López, en el otro lado. El tema de los dos piratas que sin duda fue una decisión política dictada por la imagen se convirtió en casus belli.

Es una situación que ha reavivado en Rodríguez Zapatero la memoria funesta del proceso de negociación con la banda terrorista ETA.

Una vez dado el paso del ejercicio de la jurisdicción española, será muy difícil que los piratas no sean juzgados en España. No puedes ejercer esa jurisdicción un día y abominar de ella al día siguiente. Otra cosa es que una vez que los dos piratas sean condenados puedan cumplir la sentencia en Somalia, si es que se firma deprisa y corriendo un convenio especial con este país, para lo cual hará falta, también, otro tipo de concesiones económicas.

Es posible que la decisión de ejercer la jurisdicción contra los dos piratas fuera una decisión espectacular, cuando lo que se requería era sobre todo discreción para negociar mejor. Pero a lo hecho, pecho.