La policía ha cargado contra los cientos de personas que se han congregado esta tarde frente a la sede del Ministerio de Sanidad de Madrid en protesta por la propuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de excluir a mujeres lesbianas y solteras de los tratamientos de reproducción asistida de la sanidad pública. El escrache feminista se ha saldado con cargas policiales puntuales, al menos una persona detenida y varios identificados.

Difundido por las redes sociales, el escrache ha sido convocado por diferentes colectivos feministas en protesta contra el derecho a la maternidad sólo junto a un hombre. La convocatoria ha comenzado a las 20:00 horas frente al Ministerio de Sanidad, momento en el que los agentes han comunicado a algunos de los asistentes que se trataba de una concentración no autorizada.  Con lemas como 'soy lesbiana, no soy estéril' o 'menos represión policial y más educación sexual', la concentración se ha desarrollado de forma pacífica hasta que los manifestantes han cortado el Paseo del Prado en dirección a Cibeles. Una vez en la plaza con el tráfico cortado, se han producido las cargas policiales y algunos incidentes con periodistas.

Hasta última hora, la protesta se ha caracterizado por un ambiente reivindicativo pero pacífico con mujeres y hombres de todas las edades. Miguel, uno de los asistentes, considera que 'lo que está haciendo este gobierno es un atentado directo contra los derechos de la mujer, una medida que se suma al resto del sistema, a los valores católicos tradicionales que quieren imponernos y que degradan a la mujer'. Por su parte el bloguero y activista Shangay Lily ha declarado que 'esta medida es una prueba más de la hipocresía del PP que gobierna de espaldas al pueblo y a la realidad de la sociedad'.

Los asistentes han criticado la intención del Ministerio de Sanidad de limitar la subvención de estos tratamientos a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad, parejas que han de estar formadas por mujeres menores de 40 y hombres que no superen los 55.

Esta propuesta fue remitida desde Sanidad a las comunidades autónomas como adelanto de lo que se tratará este martes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), reunión que regulará los servicios que entran dentro de la cartera básica. Desde el Partido Popular niegan un trato discriminatorio en los criterios de inclusión y justifican este giro por motivos económicos, ante la necesidad de 'priorizar'. En la reunión también se pondrán sobre la mesa posibles cambios en otros servicios relativos a Genética, Cribado Neonatal, el cáncer de mama, colorectal, cérvix e implantes cardiácos y vasculares.

Además este veto se ha producido en lo que los convocantes han denominado un 'contexto de ofensiva generalizada contra los derechos de las mujeres'. Los movimientos sociales, asociaciones y asambleas participantes han apelado a la exclusión de los anticonceptivos de última generación, a la restricción de la interrupción voluntaria del embarazo o al nuevo registro de mujeres víctimas de violencia de género que sólo contabilizará como tal a las mujeres heridas que permanezcan un mínimo de 24 horas en el hospital.