Una sentencia que obliga a un colegio público de Valladolid a retirar los crucifijos de las aulas ha abierto una nueva polémica sobre la laicidad en España, llevando a un alto cargo eclesiástico a hablar de "cristofobia" en la sociedad.

El pasado 14 de noviembre, el juez Alejandro Valentín Sastre, titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valladolid, determinó que la presencia de símbolos religiosos en las aulas y centros comunes del Colegio Público Macías Picabea de la capital pucelana vulneraba el artículo 14 de la Constitución (el que impide la discriminación por asuntos de raza, sexo o religión entre otros) y el 16.1 (que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos).

La demanda había sido presentada por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, que argumentaba la protección de los derechos fundamentales de los alumnos.

"Esta sociedad está enferma, muy enferma, y no podemos ocultarlo", dijo en una homilía el domingo el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares.

"Lo que ha acaecido a propósito de una memoria en la que fue casa de santa Maravillas o la sentencia de supresión en un colegio de Valladolid de los crucifijos, son hechos en los que se denota una cristofobia que, en definitiva, es el odio de sí mismos", agregó.

El arzobispo hacía referencia a la polémica generada cuando el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quiso colocar una placa en homenaje a la santa Maravillas, en uno de los edificios de la Cámara, lo que provocó el malestar de algunos diputados del grupo socialista. El político manchego finalmente abandonó la idea.

Otro arzobispo, el de Sevilla, Carlos Amigo, se mostró contrario el lunes a las medidas drásticas porque éstas no educan a las personas.

"Lo importante será que esos niños y niñas de Valladolid se les eduque a respetar los signos religiosos de cualquier religión que puedan ser. Desde luego, la erradicación de un signo de nuestra cultura tan arraigada no favorece la convivencia de las personas", dijo Amigo, que asistía en Madrid a la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

Pese a las críticas de algunos de sus componentes, la Conferencia Episcopal española aún no se ha pronunciado al respecto y el Partido Popular considera que los crucifijos no molestan "a la inmensa mayoría de los españoles".

Desde el Gobierno, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se mostró partidaria de respetar la autonomía de cada colegio y destacó que la sentencia respalda el "carácter aconfesional" del Estado.

Mientras, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, recordó que las resoluciones judiciales están para cumplirlas y espera que la Junta de Castilla y León, de la que depende el centro educativo, "no pretenda lavarse las manos como aquel Poncio que conocimos".

Y la Junta de Castilla y León, que había delegado la decisión de retirar o no los símbolos religiosos de los colegios a los consejos escolares de los centros públicos de la región, considera que la sentencia vulnera la libertad de los mismos.

"¿En qué papel queda esa autonomía de Gobierno de los consejos escolares de los centros públicos de Castilla y León?. Me parece que queda sustancialmente dañado en virtud de esta resolución si no aclaramos totalmente esta cuestión", declaró Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, del Partido Popular.

Ningún portavoz de la Junta estuvo disponible para confirmar si se va a recurrir la sentencia.