La popular cartilla de ahorros A (livret A), la cuenta de depósito regulada por el Estado galo y refrendada por unos 52 millones de franceses, se ha convertido en objeto de todas las codicias de la banca privada, y ya ha desatado la polémica: Crédit Agricole ha presentado una querella contra la Caisse d’Epargne por “obstaculizar el traspaso” de cartillas A de los clientes que desean cambiar de entidad.

Crédit Agricole, uno de los gigantes bancarios franceses, afirmó que sus competidores –el grupo de bancos públicos o de economía social que tenía el monopolio de la gestión de esas cartillas– “no están respetando sus obligaciones” y “frenan o impiden los traspasos hacia otros establecimientos”.

Los bancos incriminados –el Banco Postal, la Caisse d’Epargne y el Crédit Mutuel– niegan las acusaciones. Dicen que fue la banca privada la que, en previsión de la liberalización de la cartilla A, anticiparon indebidamente los trámites de sus clientes para realizar el traspaso antes de enero, lo que hizo imposible que se respetasen los plazos.

La cartilla A existe desde 1818 para captar el ahorro popular y orientarlo hacia inversiones productivas bajo custodia de la banca pública o de economía social. Desde enero, por obligación de Bruselas, todos los bancos pueden ofrecerlo, y en el primer mes de la liberalización, las entidades privadas captaron 19.000 millones de euros en casi seis millones de nuevas cartillas A (o asimiladas). El Gobierno decidió rebajar el interés de esas cuentas del 2,5% al 1,75%, y varios diputados le acusan de estar intentando hacer menos atractiva esa libreta para favorecer productos financieros privados y los intereses de los promotores inmobiliarios.