Pekín anuncia que se han entregado" más de 660 personas causantes de la revuelta

El Gobierno chino ha anunciado que se han "entregado" a la Policía más de 660 participantes en las revueltas del Tíbet y provincias vecinas, que podrían enfrentarse a condenas de 10 años de prisión a cadena perpetua o incluso la pena de muerte, según contempla el código penal chino.

Las autoridades de Lhasa, según la agencia estatal Xinhua, han informado de que se han "entregado" 280 causantes de los disturbios del pasado 14 de marzo, en los que murieron, según fuentes oficiales, 19 personas.

A ellos se suman 381 personas que supuestamente se entregaron en la provincia de Sichuan, vecina al Tíbet y también con importantes núcleos de población tibetana.

Se ignora su paradero, pues el Gobierno chino no ha informado sobre su suerte, aunque previsiblemente permanecen en centros de detención para ser interrogados.

En los días de mayor tensión, Pekín prometió "clemencia" a los que se rindieran y amenazó con mayor dureza a quienes no se entregasen a las autoridades.

El código penal chino establece que el incendio o destrucción deliberada de propiedades con grandes pérdidas económicas o humanas puede castigarse con penas de entre 10 años y cadena perpetua, y también con la pena de muerte en los casos más graves.

Según el jefe del Partido Comunista en esa localidad, Shu Tao, algunos de los que se han "entregado" son monjes "que fueron engañados o coaccionados".

Xinhua indicó que se han emitido órdenes de búsqueda de otros 29 participantes en los actos de vandalismo, y se ha hecho pública una lista de otras 53 personas implicadas en los hechos.

Mientras, un grupo de periodistas extranjeros de 19 medios de comunicación llegó hoy a Lhasa procedente de Pekín, en un viaje organizado por las autoridades chinas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.

Es el primer grupo de reporteros al que se permite entrar en el Tíbet para investigar los incidentes violentos del 14 de marzo en Lhasa, todavía no aclarados ya que la propaganda china y la tibetana se contradicen a la hora de describir lo ocurrido.

China asegura que masas violentas atacaron tiendas, escuelas y otros negocios y mataron a 18 civiles y un policía, mientras que los tibetanos en el exilio hablan de 140 muertos por la represión policial de manifestaciones pacíficas.

Las autoridades chinas han preparado entrevistas con afectados por los disturbios, así como visitas a edificios incendiados o saqueados.

Cabe destacar que es la primera vez que China organiza un viaje a una zona afectada por fuertes disturbios sociales.

Lo habitual es que la Policía china impida, incluso con violencia, el acceso de reporteros extranjeros a lugares con manifestaciones, huelgas o ataques de las autoridades sobre civiles.

Cada año hay decenas de miles de estos incidentes en todo el país, según reconoce el propio Gobierno chino.

Respecto a la cobertura de los incidentes del Tíbet, la prensa china se ha quejado en los últimos días de que los medios extranjeros sólo prestan atención a la versión del exilio tibetano.

Un artículo de Xinhua acusaba de "arrogantes" a algunos occidentales, y se lamentaba de que "no importa lo que la prensa china diga sobre las atrocidades de los alborotadores de Lhasa: ellos ya tienen en mente un titular, en el que la autoridad pública es malvada y los que protestan son vulnerables".

"China Daily" aseguró hoy que el malestar se extiende a muchos colectivos chinos alejados del Gobierno, como los miles de jóvenes del país que cursan estudios en el extranjero, y destacó ciertas iniciativas de los llamados "chinos de ultramar" para hacer frente a lo que consideran "hegemonía" de la visión occidental de los hechos.

Cita, por ejemplo, la creación por parte de unos estudiantes chinos en el exterior de la web "Anti CNN" (www.anti-cnn.com), en la que colocan fotos y otras pruebas, según ellos, de la parcialidad de los medios foráneos.

Entretanto, otros jóvenes chinos en Reino Unido han pedido a la comunidad estudiantil del país asiático en las islas que se unan y envíen cada uno una carta al primer ministro británico, Gordon Brown, pidiéndole que cancele sus planes de reunirse con el Dalai Lama.