Las prisas del Gobierno por poner en marcha el Diálogo Social han logrado lo nunca visto en esta legislatura: poner de acuerdo a patronal y sindicatos. En la primera reunión oficial para arrancar la tercera ronda de concertación social, UGT, CCOO, CEOE y CEPYME pidieron al Gobierno que aplazara el proceso, hasta dar por terminadas las conversaciones bilaterales que mantienen en estos momentos.

Pero, además, patronal y sindicatos solicitaron al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que trasladara una petición conjunta al presidente del Gobierno para que desista de su plan de presentar en el Consejo de Ministros un paquete de medidas de reforma laboral.

Tras más de dos horas de reunión, el Gobierno ha accedido a retrasar hasta la segunda quincena de febrero el inicio del diálogo tripartito, fecha en la que se espera haber consolidado el pacto de convenios colectivos. Sin embargo, se ha mantenido más cauteloso en cuanto a la posibilidad de frenar los planes de Moncloa de presentar a la opinión pública sus propuestas para mejorar el mercado de Trabajo. El director del Gabinete para el Diálogo Social, Alfonso Morón, aseguró que trasladaría sus deseos aunque recordó que 'el país nos está demandando unos resultados urgentes'.

Los agentes sociales, que habían acordado su postura antes de la reunión, creen que deben ser ellos los primeros en conocer estas medidas. En opinión del secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, no tiene sentido presentar una oferta sobre la que no se va a negociar hasta dentro de tres semanas. Su homólogo en CCOO, Ramón Górriz, defendió la necesidad de respetar 'la autonomía negociadora de las partes'.

Además de esta insólita propuesta, en la que los agentes sociales piden que el presidente del Gobierno de un paso atrás en un plan de acción anunciado públicamente, también se sugirieron las líneas de actuación por las que pretenden que discurran las conversaciones, una vez que empiecen. El Gobierno se limitó a apuntar que desarrollará las medidas que Zapatero enunció en el Congreso de los Diputados con motivo de la presentación de la Estrategia de Economía Sostenible.

Entre ellas: la reducción de la jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo, la revisión de las bonificaciones, el refuerzo de los servicios públicos de empleo, la reducción de latemporalidad y la rebaja de la brecha salarial entre mujeres y hombres. Además, Morón rechazó calificar de 'reforma laboral' este paquete de medidas, dejando entrever que lo consideraba un término descalificativo.

El secretario general de CEOE, José María Lacasa, subrayó que su organización trabajaría de forma 'ambiciosa' con esta propuesta del Gobierno, para abordar en la mesa su propio objetivo de reforma laboral, que pivota sobre ejes como la reducción de las cotizaciones sociales. Además, enfatizó la necesidad de flexibilizar los contratos para jóvenes.
Los sindicatos apuntaron un conjunto amplio de propuestas que van desde la necesidad de un pacto educativo, mejoras en la industria y la energía o la necesidad de reformar la Ley Concursal. En este punto, manifestaron su malestar por el reciente anuncio de Justicia de reformar la Ley sin notificarlo a los agentes sociales.