Este artículo se publicó hace 13 años.
Panamá espera la notificación oficial de Francia para coordinar el traslado de Noriega
El Gobierno panameño informó hoy que está a la espera de la "notificación" oficial de Francia de que Manuel Antonio Noriega acepta su extradición a Panamá, para "coordinar a la brevedad posible su traslado" al país centroamericano, en el que tiene condenas pendientes que suman más de 60 años de prisión.
La Cancillería panameña señaló este miércoles en un comunicado que el Gobierno francés aprobó un decreto que autoriza la extradición de Noriega, y que el exgeneral dispone de un mes, hasta el próximo "29 de agosto" para recurrir la decisión.
"Si no desea ejercer tal recurso, ese decreto (de extradición) será notificado a las autoridades panameñas" y, en ese sentido, la Cancillería "queda a la espera" de tal información oficial "a fin de coordinar el traslado" del exdictador "a la brevedad posible", indica el comunicado oficial.
Panamá "tiene 30 días, según la práctica internacional, para organizar el traslado de Noriega" una vez que el Gobierno "sea notificado formalmente" por la "Cancillería francesa" del decreto de extradición, explicó por su parte el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio panameño de Relaciones Exteriores, Vladimir Franco.
Francia informó este miércoles que el decreto de extradición de Noriega fue ratificado el pasado 6 de julio por el primer ministro francés, François Fillon, y que el exgeneral fue notificado del mismo el pasado viernes por la Fiscalía general de París.
Dado que Noriega cumple condena en Francia por blanqueo de capitales, la extradición no podrá ser efectiva hasta que se pronuncie en ese sentido un juez de la ejecución de penas, ante el cual está prevista una audiencia a principios de septiembre próximo.
Se espera que el traslado del exgeneral de 77 años, que gobernó de facto Panamá entre 1983 y 1989, se concrete en los próximos meses, sobre todo porque solo se demoraría si éste presentara un recurso de anulación, lo que no parece probable.
El abogado de Noriega en Panamá, Julio Berríos, dijo a Efe que el regreso del exgeneral al país era "el desenlace lógico de todo el proceso" judicial que enfrenta.
El otrora "hombre fuerte" de Panamá siempre ha expresado su deseo de regresar a su país y reencontrarse "con su familia", según han dicho allegados a Noriega como su exministro Mario Rognoni.
La ministra panameña de Gobierno, Roxana Méndez, reiteró a la prensa local que el sistema penitenciario tiene "todo listo" para recibir al exgeneral, quien ocupará una celda a la que "solo había que pintar y poner colchones" y "hasta tiene una pequeña rampa" para silla de ruedas.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirmó el pasado junio que Noriega será recluido en la cárcel El Renacer, a unos 40 kilómetros de la capital, donde compartirá celda con otros ocho reclusos sin gozar de ningún privilegio.
El abogado Berríos afirmó a Efe que la reclusión de Noriega en El Renacer será "provisional, mientras se tramita el depósito domiciliario" o casa por cárcel, un beneficio "al que tiene derecho por su edad y por encontrarse enfermo" a consecuencia de "dos derrames cerebrales y problemas cardiovasculares".
La ley vigente en Panamá establece que cuando un condenado "tenga 70 años o más", el juez podrá ordenar que la pena de prisión se cumpla en el domicilio, excepto "cuando se trate de delitos contra la humanidad o del delito de desaparición forzada".
Noriega tiene condenas pendientes en Panamá, dictadas en ausencia, superiores a 60 años por cinco sentencias por delitos que van desde el asesinato hasta daños medioambientales, pero según el Código Penal no superan en la práctica los 20 años de cárcel.
Entre las causas por las que Panamá pidió su extradición está el asesinato del dirigente opositor Hugo Spadafora y la muerte y desaparición en 1970 del líder opositor Heliodoro Portugal.
Noriega cumple siete años de prisión por blanqueo de capitales en Francia, adonde llegó procedente de Estados Unidos tras purgar 20 años de cárcel por narcotráfico.
El exgeneral se entregó en enero de 1990 a las tropas estadounidenses que días antes habían invadido Panamá para detenerle y "restablecer la democracia".
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