Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) asegura que su carrera profesional ya terminó. Pero cuesta creerlo viendo su agenda y la familiaridad con que le reciben en la sede del departamento de Interior, donde ultima el código ético de la Policía catalana. Allí atendió a Público para hablar de su vieja enemiga: la corrupción.
¿Los casos Millet y Pretoria son simples coincidencias o son la punta de un iceberg?
Es coincidencia. Pasa que hay coincidencias que parecen determinadas por el azar para significar el desplome de una imagen artificiosa de la realidad catalana como ajena a las prácticas de corrupción.
¿Usted ve trama en la operación Pretoria?
El juez lo dice y son actuaciones bajo secreto. Y en esa resolución se describe que hay un grupo organizado que no tiene por qué ser estable, puede ser transitorio con fines ilícitos.
Las defensas se basan en que el cobro de comisiones no es delito.
Hay un elemento clave que es el tráfico de influencias. Hay quien amparándose en su relación personal o en la condición de haber ocupado cargos relevantes en la Generalitat, ejercen una influencia sobre cargos públicos, siempre situados en un nivel inferior, para conseguir decisiones. Pagar comisiones es una forma de obtener voluntades, un instrumento encaminado a obtener una voluntad que sin la comisión no se conseguiría.
Lluís Prenafeta llamó a Artur Mas para pedirle el número de una concejal de CiU en Cerdanyola.
Entra dentro de lo normal entre dos que se conocen. Pero la relación de Prenafeta con los cargos públicos de Cerdanyola, en razón al cargo que ocupó en la Generalitat, es otra cosa.
¿Qué le ha parecido ver a los acusados esposados?
No me gustó. Pero hay una cierta hipocresía, porque no se dice nunca nada cuando afectan a otras personas. Esto siempre es inadmisible.
Garzón les imputa también blanqueo de capitales.
El fraude fiscal, según el último informe de los inspectores de Hacienda, representa entre el 20% y el 25% del PIB, o sea que cada año se dejan de ingresar 75.000 millones. Estamos ante una realidad terrible. Es inconcebible que no se tomen medidas drásticas.
¿La corrupción urbanística es generalizada?
Con la gestión urbanística de los ayuntamientos se favorece la corrupción. La justicia es la última respuesta, hay que prevenir la corrupción, introducir mecanismos de control, retirar competencias a los alcaldes y reforzar a los secretarios e interventores.
¿Qué le parece la reacción de los partidos?
La reacción del PSC ha sido bastante contundente. CiU tiene esa actitud de mirar para otro lado, porque decir que Alavedra y Prenafeta son simples militantes, cuando han sido miembros del Govern 20 años, me parece una falta de aceptación realista de los hechos. La Justicia ha caído sobre todo ese entramado que el auto describe, y aun con cautela, hay motivos suficientes para generar un rechazo total y contundente.
¿Cómo explica la diferente actuación de Baltasar Garzón en el caso Pretoria y la del juez Juli Solaz en el caso Millet, que no ha sido ni detenido?
Garzón ha dado una respuesta idónea en un estado de derecho y Solaz es el paradigma de lo que no hay que hacer.
La ley ampara a los dos.
Para eso están los jueces, para interpretar la ley objetivamente y que no exprese nunca trato desigual. Eso genera desconfianza en el sistema.
¿Los casos Palau y Preto-ria son una nueva etapa contra la corrupción?
Hay otros momentos clave en España como los casos de Luis Roldán, Mario Conde o Javier de la Rosa, que también parecían intocables. O el juez Pasqual Estivill, que era miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU y contaba con la confianza de Jordi Pujol. Son ejemplos de buen funcionamiento de la Justicia.
No ocurrió lo mismo con el Tribunal Superior de Valencia con los trajes de Francisco Camps, ¿no?
Por ejemplo. Pero en cambio el instructor de la Gürtel en Madrid está funcionando con eficacia y rigor. Hay motivos para inquietarse por esta falta de uniformidad, que expresa generalmente un trato favorable a los poderosos.
Justo antes de la opera-ción Pretoria Pujol habló de tirar de la manta...
Eso de tirar de la manta es una fanfarronada. Mario Conde, Luis Roldán... todos amenazaron con hacerlo y al final no pasó nada. Si alguien conoce algún delito, que se lo comunique a la Fiscalía. Eso es servir al país, y no insinuar que hay realidades que permanecen ocultas.
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