Ante la falta de acuerdo entre los 27 países miembros de la Unión Europea, ocho decidieron ayer tomar la delantera para agilizar los trámites de divorcio entre parejas de diferentes nacionalidades. España, Grecia, Rumanía, Eslovenia, Austria, Italia y Luxemburgo anunciaron ayer, durante la reunión de ministros de Justicia, que iniciarán los trámites para poner en marcha la normativa que permitirá a los cónyuges escoger la ley aplicable a su divorcio.

Hasta ahora, cuando las parejas de nacionalidades distintas querían divorciarse, buscaban la legislación que más les convenía. A esta práctica se la conoce como divorcio shopping. El problema surgía cuando no se ponían de acuerdo. Ello se traduce en 'conflictos' y 'problemas' para los ciudadanos a los que este reglamento trata de poner fin, según declaró ayer a Efe el ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bemejo.

Con la nueva normativa, en caso de que no haya acuerdo ente las dos partes, un 34% de los divorcios no son consensuados), se establecerán criterios comunes a todos los países, que se basarán en la territorialidad. Primero, se dará prioridad a la normativa del país de residencia habitual. Si ya no viven juntos, a la del último estado de residencia conjunta.

Hasta ahora, cada país de la Unión Europea tenía su propia norma de conflicto. 'Un tribunal no aplica siempre su propia ley cuando hay un elemento internacional -en este caso, un cónyuge de nacionalidad distinta a la del tribunal-, explicaron a este diario fuentes diplomáticas. 'Cada estado tiene su propia norma de conflicto, que varía de uno a otro', indicaron las mismas fuentes.

En España, por ejemplo, en caso de divorcios mixtos, el Código Civil establece que cuando una pareja extranjera de la misma nacionalidad se le aplica la ley de su país de procedencia. Esa misma norma de conflicto dice que si los cónyuges son de distintas nacionalidades, prima la ley del lugar de residencia, en este caso, la de España. Otros países tienen legislaciones distintas. El objetivo de la directiva que ayer se decidió impulsar es armonizarlas.

La novedad de esta directiva, según señala la abogada de familia Regina Vallés, es que la pareja podrá escoger de mutuo acuerdo la norma que quiere aplicar. 'Hasta ahora, era una normativa impuesta en cada estado', añade.

La nueva legislación introduce además, a petición de España, la condición de que los tribunales europeos no apliquen ninguna ley de divorcio que discrimine por razones de sexo o no garantice otros derechos, aunque las partes así lo hayan pactado .

De esta manera, en caso de que los cónyuges acuerden divorciarse bajo una ley que, por ejemplo, contemple el repudio de la mujer se aplicará la normativa del tribunal europeo correspondiente. En caso de que la normativa elegida no contemple el divorcio, como ocurre en Malta, se tomará en cuenta la de otro tribunal que sí lo haga.

En la UE se celebran cada año 170.000 divorcios entre parejas de distintas nacionalidades, un 20% del total, según las cifras de Bruselas. Hay estados, como Luxemburgo, donde alcanza un 50%. Según señaló Fernández Bermejo, la nueva norma refuerza 'la seguridad jurídica' de estos matrimonios mixtos, cuyo número va en aumento, incluso de países terceros', informó EP.