La Guardia Civil ha detenido al menos a ocho personas durante el registro de tres ayuntamientos en la provincia de Barcelona en una operación contra la corrupción en el sector inmobiliario y urbanístico ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, informaron el martes fuentes judiciales.

La operación, que afecta a los municipios de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andreu de Llavaneres, investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales por compraventa de inmuebles y falsedad documental, agregaron las fuentes.

El Ayuntamiento de Santa Coloma está gobernado por el Partido Socialista de Catalunya (PSC), al igual que el de Badalona. Convergencia i Unió gobierna en San Andreu.

De momento hay ocho detenidos, entre ellos está el ex consejero de Economía de la Generalitat Maciá Alvareda y el ex secretario de Presidencia, Lluis Prenafeta, ambos de CiU e integrantes de los gobiernos de Jordi Pujol; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, según las fuentes.

Muñoz es además vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona.

El PSC indicó que "si la autoridad judicial tomara medidas que afectasen a los cargos electos" pedirán su renuncia como regidores y suspenderá de militancia a los afectados, y además propondrán al pleno del ayuntamiento de Santa Coloma la elección de un nuevo alcalde.

Por su parte, el 'convergente' Felipe Puig recordó que los dos detenidos de CiU solo son militantes de base y hace años que no ocupan cargos públicos, al tiempo que pidió respeto a su presunción de inocencia y denunció la "obsesión ideológica", del presidente catalán, el socialista José Montilla.

Además de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción participan en la operación.

Los casos de corrupción en España aumentaron en 2008 un cien por ciento con respecto al año anterior, según datos de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual.

A principios de 2009, la Fiscalía investigaba 14 causas, la mayoría de ellas relacionadas con el blanqueo de dinero, la malversación de fondos públicos o delitos urbanísticos, en localidades como Marbella y Fuengirola (Málaga), Murcia, Badajoz y Madrid.