La nueva política agraria en la UE: café del norte para todos

¿A quién beneficia y a quién perjudica la reforma de la Política Agraria Común (PAC) propuesta por la Comisión Europea (CE)? Esta es la cuestión. Nadie quiere pronunciarse, muchos escudándose en que aún no se han traducido al español los más de mil folios del documento. La realidad es que evitar esa respuesta es lo único que puede salvar al campo español de una guerra abierta entre regiones y cultivos. Algo que desde el Ministerio de Medio Rural se pretende evitar, y para lo que hoy ha citado a comunidades autónomas y organizaciones del sector con la intención de cerrar un documento de rechazo, tan sólo cinco días después de ser presentada la reforma por el comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos.

"Nos quieren echar a pelear a unos con otros", asegura Antonio Luque, que lideró con gran éxito la guerra del olivar que desató en los noventa el entonces comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler. Hoy está al frente de Hojiblanca, cuyas 90 cooperativas controlan 400.000 hectáreas de olivar en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha: "Me da pánico esta reforma que no tiene en cuenta las situaciones individuales. Se habla de las grandes cifras, pero muchos no van a poder seguir viviendo de esto", pronostica.

La nueva norma fija las ayudas según el terreno cultivado y no la producción

La reforma de la PAC se basa en un principio: café para todos. Si su negociación entre los estados miembros y, por primera vez, en el Parlamento Europeo no lo remedia, a partir del 1 de enero de 2014 todos los agricultores españoles recibirían la misma cantidad por hectárea cultiven lo que cultiven, dónde lo cultiven y sin importar la cantidad o calidad de lo que produzcan. Y la cuantía dependerá exclusivamente del número de hectáreas de su explotación. Es cierto que se contemplan excepciones, pero su utilización se deja al albur de cada Estado miembro y deberá restarse del volumen total de fondos que reciba cada país.

El hecho es que todo aquel para el que las ayudas comunitarias supongan al menos un 5% de sus ingresos totales, procedan estos de la actividad agraria o no, podría recibir las subvenciones. Corresponde a cada país decidir no sólo cuanto, sino quién recibe. Deberá decidir, por ejemplo, si la vid, la almendra, las frutas y hortalizas o los olivares de nueva plantación, que salvo excepciones no recibían ayudas, podrán ahora contar con los fondos europeos. En otras palabras, deberá decidir cuánto reduce la ración de una tarta a repartir entre más, cuando, además, es más pequeña.

Desde la CE se mantiene que el objetivo es igualar a todos los agricultores. Los nuevos estados miembros, como Polonia, Rumanía o Bulgaria, no cuentan con un historial de ayudas que sirva de referencia para aplicar el viejo sistema, así que lo adapta a la nueva realidad basándose sólo en la cantidad de tierra dedicada a la agricultura. Incluso asegura que, con las correcciones aplicadas para tener en cuenta las diferencias de renta, hay países, como España, que proporcionalmente recibirán más que antes (ver tabla).

El cambio propuesto ha generado críticas en España, pese a ser más rentable

Pero para los agricultores ese es "un planteamiento utópico" que en realidad "desembocará en el abandono de la actividad", advierte el responsable de Ganadería de la organización UPA, Román Santalla: "No se nos debe escapar que es una propuesta ultraliberalizadora que conviene al norte de Europa y lidera Alemania". Al contrario que España, con su gran diversidad de sectores agrícolas y ganaderos, "Alemania tiene toda su estructura productiva organizada en pocos cultivos en muchas hectáreas muy productivas, explica. "En Holanda ocurre lo mismo: hectáreas muy productivas con muy poco bosque o ninguno; todo produciendo como un vergel. La ayuda plana por hectárea no les causa ningún problema", añade.

Ni los supuestamente beneficiados lo tienen claro. Unos cultivos no se parecen a otros, e incluso dentro de cada uno de ellos hay grandes diferencias. Nada tienen que ver las huertas del norte de España con los invernaderos de Almería, de gran productividad en poco espacio, que es lo que contaría para calcular la ayuda. "Hay tanta casuística que, hoy por hoy, no se puede saber a quién perjudicará y a quién beneficiará", dice el responsable nacional de frutas y hortalizas de Asaja, José Ugarrio.

Santalla recuerda que hoy los ganaderos de la cornisa cantábrica, sin apenas lluvias desde abril, carecen de pastos. Sin acceso a financiación por la crisis económica, tampoco encuentran fondos para comprar forrajes que, además, a causa de la sequía, también son más caros cada día que pasa. "Son situaciones que desgraciadamente se dan, y la nueva PAC no tiene en cuenta nada de esto". Con él coincide el viticultor manchego Alejandro García, que es el responsable nacional del sector del vino en la organización agraria COAG y preside el Comité Consultivo del Vino de la UE. En principio, los viñedos podrían estar entre los cultivos beneficiados por la PAC. Sin embargo, dice: "Si nos dan a escoger, preferiríamos medidas de mercado, que te ofrecen estabilidad y garantía en los precios de los productos. Son preferibles a unas ayudas y tener un mercado sin precios dignos". Es en este aspecto donde todos coinciden. Unanimidad que quieren plasmar en un documento que se pretende firmar hoy, antes de que la estrategia del divide y vencerás de Ciolos empiece a causar estragos. Antes de que el campo se convierta en arma arrojadiza de la batalla electoral.