Se niega a declarar el jefe de explotación de Ascó por la fuga radiactiva

El jefe de explotación de la central nuclear de Ascó (Tarragona), imputado por la emisión sin control de partículas radiactivas al aire durante varios meses en el 2007, se ha negado hoy a declarar ante la juez de Gandesa que instruye el caso.

J.S.R., jefe de explotación de la planta en 2007, ha abandonado las dependencias judiciales tras acogerse a su derecho de no declarar.

Según la portavoz de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (Anav), Montse Godall, el imputado "ha expresado su voluntad de declarar más adelante, una vez esté presentada la documentación que creemos que es necesaria".

De este modo, la defensa del jefe de explotación de la central sigue la estrategia del director de la planta cuando se produjo el escape de partículas radiactivas, en noviembre del 2007, Rafael Gasca, y del jefe del servicio de Protección Radiológica, F.G.T., que el pasado 21 de marzo ya se acogieron a su derecho a no declarar.

Hoy también está prevista la comparecencia de A.G.R., inspector residente titular del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Ascó 1 cuando se produjo la fuga, así como la declaración como testigos de dos peritos, uno de ellos Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace.

Tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona contra diferentes responsables de la nuclear Ascó 1, la juez abrió el pasado febrero las primeras diligencias judiciales por un delito de este tipo en España desde 1989.

Los imputados están acusados de delitos contra la seguridad colectiva por exposición a radiaciones ionizantes a personas, contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental.

En total, estos delitos pueden ser sancionados con penas que oscilan entre los seis y los dieciséis años de cárcel.

En su querella, el fiscal acusa a los máximos responsables de Ascó de cometer "inaceptables negligencias" que propiciaron que, en noviembre de 2007, la central nuclear de Ascó I emitiese al exterior partículas radiactivas -que no se han podido cuantificar-, de las que no informó hasta abril del año siguiente.

El servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que fueron halladas partículas radiactivas en la orilla opuesta del río Ebro, en una chatarrería situada a 60 kilómetros de Ascó e incluso en el zapato de un trabajador que salía de la central, mientras que "no se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes" a la planta.

El incidente fue clasificado con un nivel 2 en una escala que va de 0 a 7, y supuso la imposición por parte del Ministerio de Industria de la mayor multa de la historia nuclear española, de un total de 15,4 millones de euros.