El castigo por manipular el mercado bursátil para controlar la cotización de una acción puede  salir barato. Sobre todo si se tiene en cuentan que el resultado de estas operaciones suele contarse en millones de euros, mientras que la sanción que puede acabar recayendo por estas actuaciones solo alcanza las decenas de miles.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo regulador de la bolsa española, ha impuesto sendas multas a la inmobiliaria Reyal Urbis, a su presidente y máximo accionista Rafael Santamaría, y a Caja Madrid Bolsa “por la realización de prácticas de manipulación de mercado durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 14 de julio de 2008”, según una resolución publicada en el BOE.

En total, las sanciones alcanzan los 150.000 euros: 80.000 euros de multa para la empresa; 20.000 euros para su presidente; y 50.000 euros para la sociedad de bolsa. Las multas para la empresa y su presidente se han declarado firmes; la de Caja Madrid Bolsa no es firme y ha sido recurrido en vía judicial.

Las cantidades de la sanción se pueden considerar ridículas para lo que la ley reguladora del mercado de valores considera una infracción muy grave por realizar unas operaciones que, según define la norma, suponen falsear la libre formación de precios y que, en el caso de Reyal Ubis, evitaron que el principal accionista de la compañía perdiera en la bolsa decenas de millones de euros.

El periodo al que se refiere la resolución de la CNMV recoge los primeros meses del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en el que las compañías del sector vieron como su valor en la bolsa se iba reduciendo. El estallido definitivo llegaría, precisamente, el 14 de julio de 2008, cuando Martinsa-Fadesa presentó concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, que alcanzaban los 5.200 millones de euros. Fue el principio de los problemas para los reyes del ladrillo en España.

Según se desprende de la resolución de la CNMV, los multados estuvieron realizando operaciones con acciones propias de la sociedad inmobiliaria, cuyo propósito era contener artificialmente su cotización. Eso se refleja  en la cifra de títulos que se negociaron, inusualmente elevados especialmente en junio de 2008. Ese mes se movieron, en promedio, 123.000 acciones diarias, casi cinco veces más que lo que se negociaba de media en los doce meses anteriores.

Así, durante los meses de enero y junio de 2008, la cotización media de Reyal Urbis, de la que Rafael Santamaría controlaba entonces el 79,26% (ahora posee el 70,23%), se mantuvo por encima de los nueve euros por título, a pesar de perder algo de su valor. Los datos del mercado muestran que en esos meses, la acción de la inmobiliaria se depreció un 4,5% (la capitalización bursátil de la compañía se movió entre de los 2.700 millones a los 2.500 millones de euros), cuatro veces menos que la media de la bolsa (el Ibex 35 descendió del 20,7%). Eso significa que el valor de la participación de Santamaría descendió en 97,2 millones de euros; si la acción se hubiera comportado igual que el Ibex, el presidente de Reyal Urbis habría perdido 450 millones.

La inmobiliaria, como el resto de las grandes empresas del sector, viene atravesando graves problemas por el parón del mercado y las dificultades para hacer frente a la elevada deuda que asumieron en el momento del boom. Reyal Urbis logró hace un par de años un acuerdo con la banca para refinanciar 4.600 millones. Pero su cotización se ha desplomado; ahora la acción vale en bolsa 0,14 euros.

El nombre de Rafael Santamaría saltó a los periódicos hace también un par de años por su relación con el ex presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, en medio de la polémica en torno al patrimonio del político socialista . El constructor Rafael Santamaría le habría dado dos áticos de lujo a cambio de un piso de 25 años en condiciones ventajosas.