Montoro ve "inaudito" que el Gobierno no tenga aún autorización para el FROB

El portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, consideró hoy "inaudito" que el Gobierno español todavía no haya conseguido la autorización de Bruselas a las ayudas públicas que puede conceder a las entidades financieras españolas para reestructurarse, a través del FROB.

En un encuentro organizado por Executive Forum España, Montoro sostuvo que, "cuando todos los países están de vuelta, nosotros todavía no hemos ido".

"Todavía estamos dando vueltas a lo que nos conviene. Nos vamos a encontrar descalificados en la carrera e impelidos para acometer una reestructuración que nos tiene que sacar a la crisis", advirtió el portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados.

En el encuentro, Cristóbal Montoro también abogó por una revisión de las competencias de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de evitar que se dupliquen las decisiones.

"La autoridad presupuestaria debería llevar a la revisión de competencias de las Administraciones Públicas para evitar duplicidades", sostuvo el diputado popular, que aseguró que no estamos "en un Estado de las Autonomías sino en un Estado del exceso del gasto y del despilfarro".

También reclamó que "se evite que las regulaciones de las CCAA entorpezcan e intervengan en esa unión de mercado", lo que en su opinión fomenta los "agravios comparativos".

El dirigente popular insistió en que España necesita otro tipo de política económica para salir "del pozo", que a su juicio debe estar basada en la austeridad extrema del gasto público (ya que en caso contrario se está echando "gasolina al fuego") y en la reducción selectiva de impuestos y de cargas.

En concreto, repitió la necesidad de rebajar dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social para promover el empleo, reducir el IVA para las reparaciones domésticas, bajar los impuestos a las pymes y mejorar la desgravación fiscal para la compra de vivienda.

También insistió en acometer una reforma laboral, con nuevos modelos de contratos que incentiven la creación de puestos de trabajo, en la línea decidida por el PP en 1997.