Moncloa no ve prioritario prohibir por ley las huelgas de jueces

La contundencia del ministro de Justicia cuando anunció que las huelgas de jueces sería prohibidas por ley el mismo día que estos funcionarios llevaban a cabo la primera en España fue difuminada ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno. Sin querer dar detalles ni, mucho menos, fechas, María Teresa Fernández de la Vega aseguró ayer que la prioridad del Ejecutivo es "modernizar la Administración de Justicia" y la resolución de los problemas que esta tiene "de verdad".

Para ello, y aunque fueran muchos de esos problemas los que dieron a los jueces sus pretendidos motivos para ir a la huelga, la número dos del Gobierno aseguró que este sigue con la mano tendida y adoptando medidas para resolver los citados inconvenientes. Ese afán de diálogo y ese esfuerzo por poner soluciones sobre la mesa, cree la vicepresidenta, llevan a considerar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que la huelga judicial del día 18 "no estaba justificada, por encima de cualquier otro debate".

Y ese debate no es, según se desprende de las declaraciones de la portavoz de La Moncloa, si debe haber o no una ley que prohíba las huelgas de jueces de forma inminente, en contra de lo que adelantó Mariano Fernández Bermejo.

En su momento

De la Vega tampoco la descartó: "Se abordará", dijo, explicando que se estudiará una reforma legal que deje claro que los jueces no pueden ponerse en huelga, pero no es un asunto prioritario. "Este tema habrá que abordarlo aclaró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero se hará en su momento", porque se acometerán todas las reformas "que se consideren oportunas" para la Administración de Justicia.

Según fuentes del Gobierno, legislar para prohibir que los jueces se pongan en huelga como poder del Estado no se contempla "ni a corto ni a medio plazo".

El Ejecutivo frena así las reticencias que surgieron en el ámbito parlamentario inmediatamente después de las declaraciones de Bermejo y que mostraban la disconformidad de varios grupos parlamentarios a acatar leyes anunciadas en los medios.

Muchas formaciones adelantaron al Gobierno que no tenían intención de dar respaldo a una ley semejante en este periodo de sesiones, por lo menos.

Lo que sí tiene encaminado y avanzado el Gobierno son los trabajos de reforma del régimen disciplinario de los jueces, informaron las mismas fuentes, que precisaron que lo más probable es que esta modificación se lleve a cabo "antes del verano".

La decisión de emprender esta reforma viene desde el caso Mari Luz, cuando el juez responsable del juzgado competente, Rafael Tirado, que no ejecutó la pena de prisión que pesaba desde 2002 sobre el presunto asesino de Mari Luz, sólo fue sancionado con una multa de 1.500 euros.

Sanción a los huelguistas

Bermejo envió ayer una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, para que le "remita una relación nominal de los jueces y magistrados que se declararon en huelga el pasado miércoles". La misiva recuerda que el órgano de Gobierno de los jueces le comunicó el resultado de la convocatoria, pero no los nombres de los huelguistas, un dato imprescindible "a efectos de adoptar, en su caso, las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar".

Fuentes de Justicia señalaron que los descuentos en las nóminas se hacen de manera automática con la información proporcionada por el CGPJ, informa Ángeles Vázquez.