Los funcionarios y los empleados públicos de las tres administraciones (nacional, autonómica y local), más de 2,5 millones de personas, están convocados este martes a secundar una huelga de 24 horas, en protesta contra el recorte salarial medio del 5% que les aplica el Gobierno desde el 1 de junio.

Los sectores que se verán afectados serán educación, sanidad, justicia, y seguridad así como otros servicios públicos como correos, Agencia Tributaria, oficinas de empleo o aduanas.

El recorte de sueldos ahorrará 6.750 millones de euros hasta 2011

El lema es '8-J. Huelga servicios públicos. Párate. No a los recortes salariales y sociales' y se exhibirá en el medio centenar de manifestaciones, concentraciones o asambleas que han convocado las centrales sindicales por toda España.

La mayoría de las manifestaciones y las concentraciones, ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las respectivas comunidades autónomas, se harán en torno al mediodía. Además, se han previsto para la tarde manifestaciones en Madrid, Santander, Palma de Mallorca o Valencia, informa Efe.

La controvertida rebaja del sueldo de los funcionarios se enmarca dentro del plan del recorte del déficit que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado 20 mayo y que hoy la vicepresidenta económica, Elena Salgado, presenta en la UE. El plan contempla un ahorro de 15.250 millones de euros, de los cuales 6.750 deben salir del recorte de salarios públicos. 2.300 millones este año y otros 4.500 en 2011 con la congelación salarial tras la reducción.

Un abaratamiento del despido llevará a la convocatoria de un paro general

Por otro lado, el miércoles, los agentes sociales tienen previsto celebrar la que puede ser la última reunión oficial entre el Gobierno, patronal y sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reforma del mercado de trabajo, según fuentes de la negociación.

El resultado de la huelga de mañana será clave para determinar la fuerza negociadora de los sindicatos de cara a presionar con una huelga general en caso de que el Gobierno modifique las condiciones del despido.