El 'megacontrato' de limpieza que acabó con más de mil empleos

En el parque Azorín, distrito de Vallecas, un grupo de jardineros reunido en corro habla del único tema de conversación de las últimas semanas: la huelga indefinida en el servicio de limpieza viaria y jardinería de Madrid.

Con alguna reserva se atreven a explicar a Público cómo ha cambiado su trabajo desde la puesta en marcha del contrato integral, el pasado 1 de agosto, cuyas empresas adjudicatarias -tres de las cuatro- han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectarán a 1.144 trabajadores de esto servicios.

"No podemos hablar con la prensa, está expresamente prohibido por la nueva empresa", explica uno de ellos. La espada del desempleo pende sobre las cabezas del 20% de la actual plantilla, unos 6.000 empleados, que a duras penas hacen lo que pueden para que los madrileños puedan vivir en una ciudad limpia. "Ni nombres ni caras en las fotos, por favor", piden.

"He pasado por muchas empresas en mis 14 años de profesión, pero esto es lo peor que he visto. Este contrato es lo peor que nos ha pasado a los trabajadores y a los madrileños", argumenta uno de ellos.

Que Madrid está cada vez más sucio no es nuevo salvo para la alcaldesa Ana Botella (Ver fotogalería). Las esquinas acumulan basura, los parques alojan arbustos secos, el agua de las fuentes amarillea y las calles desprenden una amalgama de olores que difícilmente se puede distinguir, aumentando a medida que se sale del centro de la ciudad hacia la periferia.

Consecuencias previsibles

"Cobro 1.100 euros, ¿cómo puedo pagar la hipoteca, comer y hacerme cargo de mis hijos con poco más de la mitad?" La situación se veía venir desde hace tiempo, aseguran asociaciones de vecinos, sindicatos, trabajadores del sector y varios partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, pero desde que entró en vigor el contrato limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes, hace escasos tres meses, no sólo se acumula más basura, sino que la situación no tiene visos de mejorar.

En el barrio de Tetuán, uno de los más sucios de la capital, una barrendera tira al contenedor los residuos que ha recogido. Son cinco sacos de basura y sólo ha pasado por dos calles, dice. "Haré la huelga la primera", afirma esta murciana residente en Madrid desde hace años. Lleva seis limpiando el barrio pero desde el verano su radio de acción se ha duplicado. "Antes éramos dos en esta zona y ahora estoy yo sola", cuenta.

Sabe que la huelga es "hacerle el juego a la empresa [Cespa en su caso] para que el Ayuntamiento les pague más, pero es lo único que podemos hacer". Ella de momento no teme que la despidan, ya que la compañía para la que trabaja es la única de las tres que no ha presentado un ERE, aunque sí pretende reducir su salario más de un 40%. "Cobro 1.100 euros, dime cómo puedo pagar la hipoteca, comer y hacerme cargo de mis hijos con poco más de la mitad", se pregunta.

La idea: 39 contratos en uno solo

El recorte en estos servicios suma un 47% desde el 2010

Eso poco le importa al Ayuntamiento que dirige Ana Botella. La deuda de Madrid supera con creces los 7.000 millones de euros, por lo que la racionalización del gasto público es, además de pagar los intereses que ésta genera, la prioridad del Consistorio. Entre las medidas de ahorro y control del déficit, Botella y su equipo pensaron que integrar en un solo contrato los 39 existentes sería una buena idea para ahorrar un 10%.

Así, Madrid se dividió en seis zonas, seis lotes que salieron a subasta por un presupuesto anual de 2.300 millones de euros, un 10% menos que la partida anterior. La subasta fue a la baja. La empresa que fuera capaz de mantener limpia la ciudad por menos dinero se llevaría la concesión y, una vez más, las grandes constructoras ganaron la subasta rebajando un 16,2% el presupuesto ya recortado que licitó el Ayuntamiento. El recorte en este ámbito suma un 47% desde el 2010.

Al final, cuatro empresas se quedaron con el pastel: OHL-ASCAN, Cespa (de Ferrovial), Valoriza (de Sacyr Vallehermoso) y FCC-Alfonso Benítez se encargarán, por menos dinero [1.950 millones de euros] de lo que antes hacían 39 empresas. Será así durante ocho años, con posibilidad de prórroga otros dos y el ahorro que estima el Ayuntamiento - o recorte, según quien hable de ello- es de 630 millones hasta que finalice el contrato.

Parece algo temerario pretender que el servicio sea incluso más eficiente pagando menos, y así piensan estas empresas que, casualmente, son las mismas a las que recibieron el encargo -primero del anterior alcalde Ruiz-Gallardón y después de Ana Botella- de construir las instalaciones que albergarían el sueño olímpico, ahora tornado en pesadilla para el déficit de la capital.

Un mendigo busca en un contenedor de basura en el barrio de Villa de Vallecas, Madrid. - J. VARGAS

No cuadran las cuentas

Después de hacer números, las constructoras vieron que no les salían las cuentas si querían obtener beneficios. Algo que no preocupaba al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, el  conservador Diego Sanjuanbenito. En el pleno municipal del pasado julio negó -literalmente- la mayor al afirmar que este nuevo modelo de contratación no supondría ningún despido, en respuesta a la preocupación de la concejala de IU Raquel López.

Poco más de dos meses después de la entrada en vigor, Sanjuanbenito tuvo que tragarse sus propias palabras. Tres de las cuatro empresas han formalizado sendos EREs aunque la cifra de despedidos aún no está clara. Desde la patronal de limpieza Aselip afirman que serán 1.134 los despedidos. UGT, según los documentos presentados por las empresas, cuenta 1.135 y otros suman 1.144. "No se podrá mantener el servicio con mil trabajadores menos", eso fue lo único que dijo sobre el asunto el delegado Sanjuanbenito, quien no ha contestado a la solicitud de entrevista que Público le trasladó la pasada semana.

Los despidos no son lo único preocupante

PSOE: "Con la huelga los madrileños van a pagar muy caro la irresponsabilidad del PP"

Pero los despidos no es lo único que ha cosechado este ‘megacontrato'. Además de una ciudad más sucia y la no subrogación de 350 empleados de empresas concesionarias anteriores, también ha conseguido que Madrid deje de barrerse indefinidamente a partir del próximo martes, cuando los sindicatos del sector han convocado una huelga indefinida.

Fuentes del Ayuntamiento han negado a Público que este paro venga originado por el contrato integral. Según el PP, ésta se debe a la negociación del convenio colectivo entre las empresas y los sindicatos, algo que "se está utilizando para desacreditar" la gestión de Ana Botella, critican al tiempo que aseguran que la capital está limpia y que este contrato obliga a las empresas a cumplir con la calidad bajo pena de descuento en la factura mensual. El argumento esgrimido por el Consistorio para quitarse responsabilidad es que no todas las compañías han presentado un ERE.

Pero la realidad es bien distinta. Raquel López, portavoz de IU-Los Verdes en la comisión de Medio Ambiente explica a Público que lleva tres años advirtiendo de todo lo que está a punto de suceder. "El problema es que en los pliegos de licitación del nuevo contrato, el Ayuntamiento no exige un mínimo de trabajadores que desempeñen el servicio, algo que el anterior sí recogía". Esto, asegura la concejala, da vía libre a las empresas para obtener sus beneficios a costa de despedir trabajadores.

Es cierto que la huelga no responde sólo a los despidos, aunque se convocó justo después de que se formalizaran los EREs. La reciente finalización del convenio colectivo es la oportunidad de las empresas para exprimir todos los beneficios posibles restándoselos a las condiciones laborales de los empleados. Las cuatro constructoras pretenden reducir los salarios de barrenderos y jardineros un 43%, aumentar la jornada semanal de 35 a 40 horas, no abonar bajas laborales y eliminar la plantilla de fin de semana y festivos, homogeneizando el calendario de todos los trabajadores, entre otras muchas condiciones "inasumibles", según han explicado a este diario los representantes de UGT, CCOO y CGT.

Una trabajadora de limpieza viaria durante su jornada en una calle de Vallecas. - J. VARGAS

El grupo socialista en el Ayuntamiento también se oponía a este modelo de gestión de los servicios municipales. Su concejala Ruth Porta también advirtió en septiembre al delegado Sanjuanbenito sobre los despidos que implicaría y el deterioro de las condiciones laborales de quienes mantienen limpia una ciudad de más de tres millones de habitantes.

"Este contrato lo ha hecho el PP a medida de los intereses económicos de las grandes empresas, que pueden despedir trabajadores impunemente sin que puedan ser sancionadas por ello", critica Porta, quien añade que "los madrileños van a pagar muy caro la irresponsabilidad del PP", en referencia a la huelga indefinida.

Por otra parte, la concejala de IU asegura que aún es más sangrante que el delegado del PP se atreviera a asegurar que no habría despidos cuando "el propio Francisco Jardón [presidente de la patronal de limpieza Aselip] ya advirtió a Botella de que tendrían de echar a limpiadores para ahorrar costes", algo con lo que coincide la edil socialista. "El delegado de Medio Ambiente mintió al decir que no habría despidos. Le dije en septiembre que, si no los había, sería porque los trabajadores tendrían que aceptar rebajas en su ya exiguos salarios".

 IU: "No pedimos algo tan  municipalizar el servicio, sólo que se mantengan los mismos empleados"Lo peor es que, como hacen contratos de 10 años, hipotecan el futuro de los servicios públicos aunque cambie el Gobierno, porque habría que indemnizar a las empresas si se cancelan", advierte López, que denuncia una "subasta de los servicios públicos de Madrid".

Para la concejala de IU, la única solución a esta sangría de despidos es modificar los pliegos para que se fije un mínimo de empleados. "Ni si quiera pedimos algo tan bolchevique como municipalizar el servicio, simplemente que mantenga los trabajadores que había antes", y avisa: "Aún quedan otros cinco contratos de este estilo que empezarán a funcionar antes de final de año".

Los que ya están sufriendo las consecuencias de este ‘megacontrato', además de los madrileños, son los propios trabajadores.

De jardineros a operarios multiusos

"Ahora  tenemos que cuidar los parques, vaciar las papeleras y acabarán pidiéndo que arreglemos las farolas" En el parque Azorín de Vallecas, los jardineros llevan un uniforme con el logotipo de CESPA pero, en realidad, están contratados por FCC desde hace tres meses. "Es que ni siquiera nos han dado uniformes. Ni para el verano ni para el invierno", dice uno de ellos mientras enseña una pegatina con el logotipo de su nueva empresa. "Éste es el único uniforme que nos han dado", afirma entre risas. "Tienen que ahorrar, no sólo con despidos y bajadas salariales, sino también en herramientas y material", asegura otro.

Un jardinero del parque Azorín de Vallecas muestra el único uniforme que su empresa le ha entregado. - J. VARGAS

Según explican, desde que cambiaron de empresa han dejado de ser oficiales de jardinería para ser "personal multiusos". "El 2 de agosto 350 trabajadores se fueron al paro sin indemnización ni nada, no fueron subrogados. Así se acabó el servicio de mantenimiento de zonas infantiles y el de mobiliario urbano", afirman.

"Ahora nosotros tenemos que cuidar los parques, vaciar las papeleras,... acabarán pidiéndonos que arreglemos las farolas y, como yo no quiero quedarme en paro hago cursos de electricidad, fontanería y todo lo que puedo", explica otro jardinero que lleva 8 años trabajando para estas contratas. También explican que un solo operario tiene que cubrir el doble o incluso el triple del área que antes atendía. "Ya no cuidamos los parques, eso no les importa, solo quieren que cumplamos objetivos para que no les penalicen. Los parques están descuidados y se han secado cientos de árboles", prosigue.

Los vecinos notan el deterioro

"Tenemos que hacer piña con los trabajadores, estas medidas van en detrimento de un servicio público" Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), su presidente, Ignacio Murgui, relata que los efectos del contrato "se notan a simple vista. Hemos recibido testimonios de vecinos asegurando que en algunos barrios ha bajado la frecuencia de limpieza. Lo hemos denunciado ante el Ayuntamiento y ahora estamos preparando un dossier con fotografías y un listado de las peores zonas".

Para Murgui, "el mantenimiento mediante contratos integrales esconde recortes" y afirma que los vecinos "tenemos que hacer piña con los trabajadores de mantenimiento porque las medidas que se toman van en detrimento de un servicio público. No se pude exigir que, con muchos menos medios, se mantengan los niveles de calidad de antes", concluye.

De momento, el Ayuntamiento no ha hecho declaraciones sobre qué piensa hacer para mantener un servicio con mil empleados menos. Lo único que ha adelantado es que velará "por que se cumplan los servicios mínimos" durante la huelga del próximo martes.

"¿Qué gobierno es éste que cuando se cierne sobre su ciudad la amenaza de una huelga que puede llevarla al mayor espectáculo de suciedad jamás conocido, se limita a sentarse a contemplarlo desde un sillón de Cibeles?", se pregunta la edil socialista Ruth Porta.