María Silva, Libertaria, superviviente de la matanza de Casas Viejas y asesinada por los golpistas en agosto de 1936, ha muerto oficialmente 75 años después. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha declarado su fallecimiento legal en un auto fechado el pasado 22 de junio, al que ha tenido acceso Público, y ordena la inscripción de su muerte en el Registro Civil, como solicitó su hijo Juan Pérez Silva en mayo de 2008.

Cuando mataron a su madre, que estaba embarazada, él tenía sólo 13 meses. “Es un gran paso, estoy muy contento y muy agradecido con todas las personas que me han ayudado, pero me da pena que se haya producido tan tarde”, explica ahora con 76 años. La decisión supone un reconocimiento moral para las familias de miles de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura, que sufrieron una doble muerte, la real y la de esfumarse de la historia.

Días después de la sublevación del 36, se dictaron órdenes específicas para no inscribir a las víctimas con la clara intención de dejar el menor rastro posible, según varias asociaciones que llevan años pidiendo que se hagan las reformas necesarias para facilitar la inscripción, entre ellas la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y el grupo de trabajo de CGT-A. Las familias que han solicitado la inscripción casi siempre se han encontrado con un inconveniente en los juzgados: aportar testimonios presenciales, de primera mano.

En el caso de María Silva, su hijo aportó la investigación Casas Viejas. Del crimen a la esperanza. María Silva ‘Libertaria’ y Miguel Pérez Cordón: dos vidas unidas por un ideal (1933-1939), realizada por José Luis Gutiérrez, y pidió que se declarara el fallecimiento de su madre el 24 de agosto de 1936 “a causa de muerte violenta realizada por las Fuerzas del Ejército y civiles sublevados”.

En un informe del pasado 8 de junio, la Fiscalía no formula oposición alguna y la jueza Bárbara Izquierdo declara la muerte de María Silva el 1 de enero de 1947, en aplicación de la legislación de desaparecidos, según la cual se declara el fallecimiento a los diez años desde la última vez que se supo de la persona.

El auto contrasta con otro reciente, dictado el pasado 9 de febrero en Cabra (Córdoba), que deniega la solicitud de inscripción de la defunción de Francisco Gómez Barranco porque, al no disponer de testimonios presenciales, no se acredita su muerte. Además, a diferencia del juzgado de Chiclana, califica las investigaciones aportadas como novelas históricas.

Fruto de la campaña de las asociaciones memorialistas, el Senado acaba de aprobar una enmienda del PSOE que, en teoría, facilita la inscripción de la defunción, de forma más rápida y económica, aunque sigue siendo insuficiente para el colectivo. A Juan, que le ha costado el proceso en torno a 2.000 euros, le queda aún lo más difícil: hallar el cuerpo de su madre, uno de los casos que iba a investigar Garzón. 'Ese es el paso más gordo y creo que no se va a dar', concluye.